Un reciente estudio ha encendido las alarmas sobre el impacto de la minería ilegal en la política peruana. Según el informe Tendencias y alertas 4 – Estimaciones de economías ilegales en el Perú, las mafias mineras mueven más de 4 600 millones de dólares al año, una cifra que les otorga un poder económico capaz de financiar hasta 2 368 campañas presidenciales, 57 728 campañas congresales y más de 51 000 campañas regionales y locales.
Elecciones 2026 en riesgo por la minería
De cara a las elecciones generales, regionales y municipales de 2026, especialistas advierten que el avance de la minería ilegal representa una amenaza sin precedentes para la democracia peruana. El riesgo es claro: los recursos de esta economía ilícita podrían ser utilizados para infiltrar partidos, colocar operadores en el Congreso y gobiernos subnacionales, y garantizar impunidad para sus actividades.
El abogado y especialista en derecho ambiental, César Ipenza, señala que los mineros ilegales ya han logrado conformar una bancada multipartidaria en el Congreso. Legisladores de agrupaciones como Fuerza Popular, Avanza País, Perú Libre, Acción Popular, APP, Somos Perú, Renovación Popular y Podemos Perú han impulsado o respaldado normas que benefician a la minería ilegal.
Ipenza detalla que el modus operandi de estas mafias es infiltrarse en partidos políticos y financiar a líderes locales, manipular agendas políticas y uso de fundaciones, así como operar mediante empresas fachada y donaciones para canalizar dinero ilícito.
También advirtió que la minería ilegal tiene influencia en el debate público, manipulación de encuestas y medios de comunicación.
Minería ilegal y su capacidad de influencia superior al narcotráfico
El estudio advierte que, en el proceso electoral de 2026, los mineros ilegales podrían intervenir en todas las etapas, desde la afiliación de operadores en partidos políticos, la selección y apoyo a candidatos funcionales a sus intereses, y el financiamiento indirecto de campañas mediante intermediarios y testaferros.
Un ejemplo reciente es lo ocurrido con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), donde la presión de esta bancada logró frenar políticas más estrictas y ampliar plazos favorables para la minería ilegal.
Actualmente, no existen mecanismos efectivos para auditar los aportes de campaña ni rastrear el origen de los fondos. La inteligencia financiera y la fiscalización electoral son insuficientes, lo que facilita la penetración de dinero sucio en la política.
Ipenza advierte: «Si no se toman medidas urgentes, las elecciones de 2026 podrían consolidar la captura del Estado por parte de las economías ilegales, desplazando la representación ciudadana por los intereses de las mafias».
El informe concluye que la minería ilegal no solo supera al narcotráfico en capacidad de financiamiento político, sino que amenaza con distorsionar el sistema democrático peruano. Frente a este panorama, expertos y autoridades llaman a fortalecer los sistemas de control, transparencia y fiscalización para proteger la integridad de los procesos electorales y la representación ciudadana.
