La minería ilegal ya no solo deja ríos contaminados, cerros perforados o bosques devastados. También está transformando el mapa de los conflictos sociales en el Perú. Allí donde antes las disputas enfrentaban a comunidades con grandes empresas mineras, ahora emergen escenarios más complejos vinculados a organizaciones de mineros ilegales disputan territorios, agua y control económico sin que existan mecanismos claros para exigir responsabilidades.
Ese cambio de escenario quedó registrado en el Reporte de Conflictos Sociales N.° 266 de la Defensoría del Pueblo, que identifica seis conflictos sociales y ambientales relacionados directamente con la expansión de la minería ilegal. Uno de ellos se desarrolla en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, donde la actividad ilícita continúa generando impactos ambientales, problemas de seguridad y enfrentamientos que amenazan con intensificarse.
Aunque el número parece reducido, la Defensoría advierte que estos casos representan una nueva modalidad de conflictividad que crece silenciosamente y que, en muchos casos, permanece fuera de los sistemas oficiales de alerta.
Pataz: crisis por la minería ilegal
La provincia liberteña de Pataz se ha convertido en uno de los principales focos de la minería ilegal en el país. Allí, el conflicto ya no gira únicamente alrededor de la extracción de minerales, sino también de las consecuencias sociales que esta actividad ha generado: violencia, presencia de organizaciones criminales, deterioro ambiental y disputas por el control del territorio.
El informe de la Defensoría incorpora este caso dentro de los conflictos activos vinculados a la minería ilegal, reflejando la preocupación por el incremento de tensiones en una zona donde el Estado enfrenta dificultades para ejercer control efectivo.
La situación cobra especial relevancia porque la minería ilegal no opera bajo reglas institucionales. A diferencia de los conflictos mineros tradicionales, donde existen empresas formalmente identificadas con las que es posible establecer procesos de diálogo, en estos escenarios participan múltiples actores que actúan al margen de la ley, dificultando cualquier mecanismo de negociación.
El agua, el recurso que origina las nuevas disputas
El denominador común de varios de estos conflictos es la defensa del agua.
En Huanta, región Ayacucho, agricultores y organizaciones sociales exigen detener actividades de pequeña minería en la zona de Putka para proteger las cabeceras de cuenca y el sistema lagunario de Razuhuillca, principal fuente de abastecimiento para consumo humano y actividades agrícolas.
En Arequipa, pobladores del distrito de Cahuacho demandan el cese de operaciones ilegales que afectan sus fuentes hídricas. Mientras tanto, comunidades indígenas de las provincias de Tigre y Datem del Marañón, en Loreto, reclaman una mayor intervención estatal frente al avance de la minería ilegal sobre sus territorios ancestrales.
En Madre de Dios, el escenario es distinto. Allí el conflicto gira alrededor de las protestas de mineros informales contra los operativos de interdicción ejecutados por la Policía Nacional en La Pampa, además de sus demandas para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y aprobar una nueva legislación para la pequeña minería y minería artesanal.
Conflictos que el Estado aún no logra ver
La Defensoría advierte que el problema podría ser mucho mayor que el reflejado en sus estadísticas.
Existen conflictos que ni siquiera han sido incorporados a los registros oficiales. Uno de ellos ocurre alrededor de la planta de beneficio Yolita, ubicada en Huallpamayo, provincia cusqueña de Chumbivilcas, donde comuneros denuncian contaminación ambiental, amenazas e instalación de infraestructura sin consulta previa. Pese a ello, el caso no aparece entre los conflictos activos reconocidos por el Estado.
Esta situación evidencia las limitaciones de los actuales mecanismos de monitoreo para identificar una conflictividad que evoluciona rápidamente y que, en muchos territorios, permanece invisible para las instituciones públicas.
La Defensoría del Pueblo sostiene que esta nueva generación de conflictos presenta características distintas a las registradas durante las últimas décadas.
Al no existir empresas formalmente responsables, tampoco existen canales institucionales claros para negociar, exigir reparaciones o establecer compromisos. En muchos casos, los actores involucrados cuentan con sistemas propios de protección que incluyen amenazas, coerción o el uso de la violencia, agravados por presuntos vínculos con organizaciones criminales dedicadas a economías ilegales.
Este escenario convierte a la minería ilegal en un fenómeno que trasciende el impacto ambiental. También representa un desafío para la gobernabilidad, la seguridad ciudadana y la capacidad del Estado para prevenir conflictos antes de que escalen hacia episodios de mayor violencia.
Mientras tanto, en regiones como La Libertad, donde Pataz continúa siendo uno de los principales epicentros de esta actividad, el desafío no parece limitarse a controlar la extracción ilegal de minerales. La tarea pendiente consiste en evitar que la ausencia del Estado siga alimentando conflictos que, poco a poco, comienzan a redefinir el mapa social del país.
