Minera Poderosa sufrió, la madrugada del 12 de enero de 2025, un nuevo atentado en Pataz, sierra de La Libertad. Este ataque, el número 15 contra torres de alta tensión en los últimos cuatro años, fue ejecutado por mineros ilegales coludidos con grupos criminales.
Tres cargas de dinamita destruyeron la torre N.º 24 de la línea de transmisión de 60 kV que alimenta la planta Santa María y otras operaciones mineras en la región.
Aunque el suministro eléctrico fue interrumpido temporalmente, el plan de contingencia permitió su pronta restitución.
El ataque se registra luego de la ampliación del estado de emergencia y la presencia en la zona de un contingente de más de 200 policías y efectivos del ejército
Poderosa: REINFO es el culpable
En un comunicado, Poderosa reiteró que el contexto de violencia en Pataz no es nuevo.
«La minería ilegal ha proliferado al amparo del proceso de formalización del REINFO, que ha fracasado en contener el crecimiento de esta actividad ilícita», señala.
Según la empresa, esta economía ilícita supera en ingresos al narcotráfico, con lazos crecientes con actividades como extorsión, sicariato y tráfico de armas», señaló.
El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) es un sistema implementado en Perú para incorporar a pequeños mineros y mineros artesanales en un proceso de formalización, permitiéndoles operar dentro de la legalidad mientras cumplen con ciertos requisitos técnicos, ambientales y sociales.
Sin embargo, este mecanismo ha sido señalado como una herramienta que permite operar a actores ilegales bajo la fachada de la formalización, facilitando el crecimiento de la minería ilegal.
Su vigencia, continuamente extendida por el Congreso, ha demostrado ser insuficiente para reducir el impacto ambiental, laboral y social de estas actividades.
Este ataque, el número 15 contra torres de alta tensión en los últimos cuatro años, fue ejecutado por mineros ilegales coludidos con grupos criminales.
Además, expertos denuncian que ha contribuido al incremento de delitos asociados como extorsión, sicariato y tráfico de insumos químicos, agravando los conflictos sociales y la violencia en zonas de alta incidencia minera, como Pataz.
Fuego cruzado entre ilegales
El atentado del 12 de enero, también, desató enfrentamientos entre grupos de mineros ilegales en la quebrada de Carhuabamba, una zona invadida en los últimos años.
Tras las explosiones, un grupo atacó una operación ilegal, secuestrando a 17 trabajadores. La violencia provocó un derrumbe en la entrada de una bocamina, dejando atrapados a los secuestrados.
Poderosa, que se ha visto forzada a abandonar esta área para proteger a su personal, denuncia la inacción de las autoridades frente a estos hechos.
Un problema estructural
La compañía minera resalta que la violencia en la zona ha cobrado la vida de 18 de sus colaboradores en los últimos años.
Durante las festividades navideñas, enfrentamientos similares entre ilegales dejaron un saldo de cinco muertos.
El atentado del 12 de enero, también, desató enfrentamientos entre grupos de mineros ilegales en la quebrada de Carhuabamba, una zona invadida en los últimos años.
La presencia de más de 200 policías y efectivos militares en la región no ha sido suficiente para controlar la escalada de violencia.
Desde Minera Poderosa se ha reiterado el llamado al gobierno para que cumpla con su compromiso de establecer un frente policial en Pataz, destinado a erradicar la minería ilegal.
“Es fundamental que las autoridades actúen con prontitud y contundencia para detener este flagelo”, señala la empresa en su comunicado.
La situación en esta parte del Perú es un claro ejemplo de cómo la minería ilegal se convierte en un problema que trasciende lo ambiental y económico, e impacta directamente la seguridad y estabilidad social en las comunidades.
