El Ministerio de Educación (Minedu) ha iniciado el proceso para la resolución de los contratos y las acciones administrativas disciplinarias contra más de 100 auxiliares de educación que habrían presentado documentación presuntamente adulterada o falsa para acceder a sus puestos durante el 2026.
La medida forma parte de una revisión exhaustiva impulsada por el sector para garantizar la transparencia y legalidad en los procesos de contratación.
Los casos detectados ascienden a 100 expedientes irregulares, distribuidos en 61 unidades de gestión educativa local (UGEL) de 21 regiones del país. Se trata de un resultado preliminar, pues el proceso de verificación continúa en marcha y podría ampliarse a medida que se revisen más legajos.
Además, la Procuraduría Pública del Minedu presentará las denuncias respectivas ante el Ministerio Público, a fin de que se determinen las posibles responsabilidades penales.
El objetivo de esta intervención es corroborar la autenticidad de los documentos presentados por los auxiliares de educación contratados durante 2026, y asegurar que quienes trabajan en las escuelas cumplan con los requisitos de idoneidad y probidad exigidos por la normativa vigente.
Minedu: consecuencias penales y administrativas
Los casos ya fueron derivados a las direcciones regionales de Educación (DRE) y a las UGEL correspondientes, instancias que deberán formalizar la resolución de los contratos y aplicar las sanciones disciplinarias previstas.
Además, la Procuraduría Pública del Minedu presentará las denuncias respectivas ante el Ministerio Público, a fin de que se determinen las posibles responsabilidades penales.
De acuerdo con la ley, las personas implicadas quedarán inhabilitadas para participar en futuros procesos de contratación dentro del sector Educación.
Implicancias para la educación de niños y niñas
La presencia de auxiliares que acceden a sus cargos mediante documentación falsa no constituye únicamente una infracción legal. Tiene consecuencias directas sobre la calidad del servicio educativo que reciben los estudiantes.
Los auxiliares de educación cumplen funciones fundamentales en el acompañamiento, la disciplina y el bienestar de los niños y niñas dentro de las instituciones educativas.
Si quienes ocupan estas plazas no cuentan con la formación, las competencias o los requisitos mínimos que exige la ley, se afecta el derecho de los menores a recibir una atención adecuada, segura y de calidad.
La presencia de personal no idóneo en las escuelas puede traducirse en un entorno menos protegido y en una menor capacidad para responder a las necesidades de los alumnos.
Posición de la ministra Cuadros
La ministra de Educación, María Esther Cuadros, reiteró que el sector mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier intento de vulnerar la legalidad en los procesos de contratación.
“Quienes presentan documentación falsa para acceder a un puesto en el sistema educativo no solo incumplen la ley, sino que también ponen en riesgo el derecho de nuestros estudiantes a recibir un servicio educativo de calidad”, afirmó.
“Desde el Minedu tenemos la responsabilidad de asegurar que quienes trabajan en nuestras instituciones educativas cuenten con la formación, competencias y requisitos exigidos para desempeñar adecuadamente sus funciones. No vamos a permitir que estas conductas queden impunes”, agregó.
