Por estos días, Lima vive una crisis de seguridad ciudadana que se ha tornado insostenible. Las extorsiones al transporte público han desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades, generando un clima de miedo, asesinatos de choferes y paros masivos en señal de protesta contra la ineficacia policial y gubernamental.
La ciudadanía exige acciones inmediatas, no promesas vacías. En este contexto, desde Aprosec planteamos al Estado peruano las medidas de emergencia que se deben adoptar con carácter temporal, pero firmes, por un lapso inicial de 10 días, mientras se articulan estrategias sostenibles a mediano y largo plazo con la participación conjunta de la sociedad civil, las fuerzas del orden y los especialistas en criminología y seguridad urbana.
1. Control de motos lineales: una medida urgente y efectiva
Una de las medidas más inmediatas que debe adoptarse es la prohibición de circular con dos pasajeros en una moto lineal dentro del perímetro urbano de Lima Metropolitana. En los últimos meses, gran parte de los ataques, extorsiones y asesinatos contra transportistas han sido perpetrados por sicarios que se movilizan en motocicletas.
La medida, aplicada temporalmente, no busca criminalizar a los motociclistas honestos, sino prevenir y disuadir a los delincuentes. Ejemplos de políticas similares se aplicaron con éxito en países como Colombia (en Medellín y Barranquilla), Honduras y El Salvador, donde el índice de asesinatos por sicariato en motocicleta se redujo significativamente tras restringir el uso de acompañantes.
En el caso de Lima, la Policía Nacional debe tener la potestad de detener preventivamente a motos con dos ocupantes y realizar verificaciones inmediatas de identidad y antecedentes.
2. Inteligencia policial en las rutas de transporte
Una de las revelaciones más alarmantes del reciente paro de transportistas es que las mafias de extorsionadores continuaron operando incluso durante la suspensión del servicio, dejando en evidencia su control territorial y la impunidad con la que actúan.
Por ello, la Policía Nacional debe desplegar equipos de inteligencia encubierta a lo largo de las principales rutas del transporte público, así como en paraderos y terminales informales donde suelen operar los extorsionadores.
El trabajo no debe limitarse a redadas, sino incluir seguimiento financiero, intervención de llamadas, y rastreo digital de cobros por extorsión, medidas que requieren coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público.
3. Seguridad armada en los buses: una medida temporal, pero disuasiva
En los años 90, durante los paros armados convocados por el grupo terrorista Sendero Luminoso, los buses de transporte público en Lima circulaban bajo custodia de efectivos policiales o militares. Esa estrategia permitió sostener la movilidad y evitar el colapso de la ciudad frente al miedo.
Hoy, tres décadas después, la situación demanda medidas similares: designar personal policial o militar en los buses o terminales de transporte público mientras se estabiliza la seguridad. Aunque es una medida temporal, su presencia simbólica genera un efecto disuasivo inmediato frente a las mafias.
Toda estrategia de seguridad urbana debe incluir la participación activa de la ciudadanía. Los gremios de transportistas, asociaciones vecinales y comités de seguridad ciudadana deben ser aliados del Estado, no espectadores del caos. Se requiere una campaña pública de denuncias seguras y anónimas, apoyada por incentivos y protección a testigos, además de un sistema digital de alerta inmediata para reportar amenazas o extorsiones.
El aumento de la violencia urbana, los asesinatos y las extorsiones no son hechos aislados, sino el resultado del fracaso sistemático del gobierno de Dina Boluarte en materia de seguridad ciudadana. Sus medidas —el llamado «Cuarto de Guerra», los repetidos estados de emergencia, y el constante cambio de ministros del Interior— han demostrado ser meros paliativos sin resultados concretos.
A ello se suma la impunidad con que figuras políticas vinculadas a su entorno permanecen prófugas de la justicia, como Vladimir Cerrón, lo que debilita aún más la credibilidad del Estado frente a los criminales.
Finalmente, hoy Lima parece vivir una guerra silenciosa, donde los delincuentes imponen su ley y los ciudadanos sienten que la autoridad ha claudicado. Enfrentar esta crisis exige el liderazgo y la decisión – que el gobierno de Dina Boluarte no tiene- y una política integral que devuelva a los peruanos la confianza perdida. Porque si el Estado no recupera las calles, las calles serán gobernadas por el miedo.
Cesar Ortiz Anderson
