La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) lanzó una alerta que retumbó en las regiones que esperan el gas natural como motor de desarrollo. Según el gremio, el Proyecto de Ley N.º 09268/2024-CR —a punto de discutirse por insistencia en el Congreso— pone en riesgo la masificación del gas natural y el futuro del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).
Masificación del gas natural en riesgo
El proyecto propone restringir el acceso al FISE sólo a quienes clasifican en pobreza monetaria, dejando fuera de la cobertura social a miles de familias, comerciantes, MYPE y transportistas que, si bien no figuran como «pobres» según su billetera, siguen marginados del acceso a energía limpia y asequible.
El nuevo enfoque del FISE se alejaría de su propósito original. El fondo dejaría de atender la pobreza energética, que se refiere a las familias que no tienen acceso a energía segura, limpia y asequible, para centrarse solo en la pobreza monetaria, basada únicamente en los ingresos económicos. De esta manera, se desmantelaría el avance logrado desde 2012 y condenaría a las regiones a la desigualdad energética.
Gas natural: La Libertad y estas otras 14 regiones serían afectadas
Felipe Cantuarias, presidente de la SPH, cuestionó este proyecto del Congreso. «Este cambio limita el acceso de millones de peruanos a una fuente limpia, segura y económica. Afecta especialmente a las regiones andinas y amazónicas donde el gas natural aún no llega y las familias esperan años para conectarse”.
De aprobarse la iniciativa, Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, Moquegua, Junín y Ucayali quedarían atrapados en la espera, mientras regiones como Piura, La Libertad, Lambayeque y otras verían frenados los programas de expansión energética.
El FISE, financiado con aportes del sector eléctrico y de gas, ha beneficiado ya a más de ocho millones de hogares, facilitado 300 mil conversiones vehiculares y permitido que 30 mil comercios operen con energía más barata y menos contaminante.
Con los nuevos requisitos, los programas de conversión y expansión se desplomarían: más del 98 % de las familias que hoy aguardan una conexión tendrían que resignarse a seguir usando energía cara y contaminante.
Mientras Lima y Callao llevan casi una década aprovechando el FISE, el Congreso discute un cambio que, según las cámaras regionales y el propio Ministerio de Energía y Minas, contradice la Ley 32315 y debilita la seguridad jurídica. El resultado sería un retroceso de años en los esfuerzos por cerrar brechas y construir una matriz energética más moderna y equitativa.
En tanto, gremios, transportistas y comerciantes exigen un debate técnico y social, recordando que el FISE nació para cerrar brechas, no para abrir nuevas. “Exhortamos al Congreso a preservar el enfoque de inclusión energética y asegurar que todos los peruanos, sin importar dónde vivan, tengan acceso al gas natural”, remató Cantuarias.
La batalla por el gas natural se juega en el Congreso de la República, pero su desenlace se sentirá en cada región marginada y en cada hogar que aún espera la promesa cumplida de energía limpia y accesible.
