Las cifras en Perú estremecen: 529 homicidios en apenas tres meses del 2026. Enero cerró con 175 víctimas, febrero con 169 y marzo con 185, de acuerdo con el Sinadef.
En paralelo, 260 policías fueron detenidos por corrupción y se calcula que más de US$11.500 millones en oro ilegal han sido lavados. El escenario no es aislado. Responde a una crisis política que, lejos de contener la violencia, ha terminado por amplificarla.
La crisis postelectoral de abril de 2026, aún sin segunda vuelta, expuso debilidades institucionales. La ONPE quedó paralizada por fallas logísticas en Lima, mientras actores políticos como Rafael López Aliaga denunciaban «fraude» y Keiko Fujimori exigía «investigaciones». En ese vacío, el avance de las mafias se volvió más evidente.
En regiones como La Libertad y Madre de Dios, la violencia ya no responde a delitos comunes. En Trujillo, la organización criminal ‘Los Pulpos’ bombardea negocios como mecanismo de extorsión.
En La Pampa, Madre de Dios, los Guardianes de la Trocha imponen control armado sobre territorios vinculados a la minería ilegal. La inseguridad ciudadana ha escalado a una disputa abierta entre economías criminales.
Mafias que avanzan sin contención
El fiscal Carlos Chirre lideró la destrucción de 15 dragas en el río Colorado, en Madre de Dios. La intervención terminó bajo amenaza: 80 mineros armados lo esperaban en el puerto. “Te voy a arrancar la cabeza”, fue la advertencia directa.
Para César Ipenza, director del Observatorio del Crimen Organizado, “el problema es estructural”.
Advierte que la crisis política ha facilitado que mafias se apropien de 39.000 hectáreas deforestadas, territorios que además servirían para financiar campañas.
A ello se suma la ampliación del Reinfo hasta diciembre de 2026, una medida cuestionada por su impacto en el control de la minería ilegal.
El ex primer ministro Ernesto Álvarez confirmó la invasión del proyecto Conga, valorizado en US$4.800 millones, calificándolo como un “desafío directo al Estado”.
Mientras tanto, la Amazonía continúa siendo afectada por la expansión de dragas ilegales.
Peruanos en la guerra
En paralelo, otro fenómeno emerge: el reclutamiento de peruanos para conflictos en el extranjero.
En Chorrillos, redes informales ofrecen sueldos de entre US$3.000 y US$5.000 mensuales para viajar a Ucrania, según Cancillería.
Sin embargo, los testimonios contradicen las promesas. Un ataque con misiles en Yavoriv, al oeste de Ucrania, dejó a combatientes latinoamericanos gravemente afectados.
Los sobrevivientes describen un escenario de abandono: pagos incompletos, sin viáticos y enviados como “arietes humanos” a zonas de alto riesgo. En un grupo de ocho peruanos, dos murieron apenas al llegar.
Quienes regresan lo hacen con temor. Relatan que fuerzas rusas identifican y ejecutan a combatientes incluso fuera del frente, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad.
Fronteras expuestas
El problema también alcanza a exmilitares. En Madre de Dios, exsoldados protegen operaciones ilegales por hasta US$2.000 mensuales. Casos como el de Alfredo Buezo Coraua, exoficial del Ejército, evidencian redes de reclutamiento a través de WhatsApp dirigidas a veteranos del VRAEM.
El trasfondo es social: el desempleo juvenil, que bordea el 18%, alimenta tanto el reclutamiento para economías ilegales como para conflictos armados en el exterior.
Un sistema bajo presión
Desde la Policía, el diagnóstico es crítico. El general Luis Alberto Lira, jefe de la Dircocor, confirmó que 260 policías figuran entre 950 detenidos por corrupción.
A pesar de los megaoperativos, los resultados son limitados frente a la magnitud del problema.
En este contexto, el Congreso autorizó la presencia de militares estadounidenses en el país durante 2026, una decisión que refleja el nivel de preocupación por la seguridad.
El Perú enfrenta hoy una convergencia de crisis: violencia, crimen organizado y debilidad política. Un escenario que, sin medidas efectivas, amenaza con profundizarse.
