La ola de sicariato en su pico más alto. En un día y en un solo ataque, tres personas fueron asesinadas a balazos en un restaurante del distrito Trujillano de Laredo, la tarde del 4 de enero.
Según la Policía, los hermanos Walter y Brayan Magán Moreno, y Jahaira Vásquez son las primeras víctimas, de 2025, por muerte violenta – homicidio; sin embargo, el atentado que se registró en el restaurante “El trigal”, pinta la cruda realidad en seguridad ciudadana que atraviesa la provincia de Trujillo y la región La Libertad.
Nuevo jefe policial, mismo reto
En la víspera, el general PNP. José Zavala Chumbiauca daba la posta a su sucesor el general PNP. Guillermo Carlos Llerena Portal, quien, al mando de la III Macroregión Policial La Libertad, prometió mano dura contra la delincuencia en todas sus modalidades.
“El mayor reto es reducir los índices de victimización y de percepción de inseguridad ciudadana”, anunció el exjefe de la División Nacional de Operaciones Especiales (DINOES).
Al respecto, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, considera que si no se resuelven los problemas integrales de la Policía, el discurso de Llerena quedará en buenas intenciones.
“Sin herramientas tecnológicas, sin rastreo satelital de las llamadas, sin interceptación telefónica, sin capacidad del laboratorio de criminalística, el general Llerena está en las mismas que el anterior general”, explicó.
Sin embargo, la consejera regional por la provincia de Virú, Verónica Escobal, tiene esperanza. “Es fundamental que la persona al mando de la región esté comprometida y tenga la seguridad de que pueda enfrentar el problema”; caso contrario “sería un verdadero inconveniente”, manifestó.
Cifras con sabor a miedo
La inseguridad ciudadana es un problema nacional: asociado a la corrupción que se percibe en los entes administradores de justicia (Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional). La última encuesta de Datum, reflejó que más del 50% de peruanos recibieron amenazas de extorsionadores.
Entre Mayo y Octubre de 2024 (último reporte), el 29% de la población mayor de 15 años fue víctima de algún hecho delictivo según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), lo que representó un incremento de 3.7% a comparación del mismo periodo de 2023.
“En tanto, en los centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil habitantes, esta cifra fue del 22,8%. En comparación con su similar semestre móvil mayo – octubre 2023, esta cifra aumentó en 2,9 puntos porcentuales”, explica el informe.
En el último ranking del Global Organized Crime Index, publicado en 20243, el Perú se posicionó entre los países más afectados por la criminalidad organizada. La puntuación fue de 6,40 (incrementó en 0,05%) por lo que ocupa el puesto 32 entre 193 países en el mundo y el décimo lugar entre 35 países de América.
Entre los indicadores, el citado ranking descata el crecimiento (de 6 a 7 puntos) de los “Grupos de estilo mafioso”, a los que define como: “Grupos de crimen organizado claramente definidos que generalmente tienen un nombre conocido, un liderazgo definido, dominio territorial y miembros identificables”, como “Los Pulpos” y “La Jauría”.
“Lo preocupante no son las cifras, sino el aparente desinterés o incapacidad para enfrentar el problema (…) Sumado a ello, desde 2018 hasta la fecha, hemos tenido 22 ministros del Interior, quienes, en promedio, han durado solo cuatro meses en el cargo, lo que les ha impedido implementar políticas públicas que permitan un desarrollo adecuado”, explica Alexis Revilla, embajador del Instituto Peruano de Economía (IPE) en la región Lima.
Amplían el estado de emergencia
Frente a este panorama, el gobierno amplió el estado de emergencia en las provincias de Pataz, Trujillo, Viru y (La Libertad), y Zarumilla (Tumbes), por sesenta días, con el objetivo de continuar con las operaciones policiales y militares que garanticen la preservación del orden interno en dichas provincias.
En la edición del domingo 5 de enero del diario oficial El Peruano, publicó los decretos supremos 001-2025-PCM, 002-2025-PCM, 003-2025-PCM y 004-2025-PCM, que explican la prórroga que inicia el 9 de enero: “la criminalidad existente, en sus distintas modalidades, siendo los delitos con mayor incidencia homicidios, robo de vehículos, robos, hurtos, entre otros».
«Aemás de mantenerse vigente la comisión de delitos contra el patrimonio (extorsión) cometidos por organizaciones y bandas criminales que utilizan armas de fuego y artefactos explosivos, lo cual perturba el orden interno”, detalla.
Dichas provincias de La Libertad cumplirán un año bajo el estado de emergencia que en la sombra registró 273 muertes por homicidio, en 2024, según el Sistema de Información de Defunciones (SINADEF).
Otro reto es el sentido de justicia: se espera que la muerte de las tres personas asesinadas en Laredo, por un ajuste de cuentas, según la Policía, sea resuelto y no engrose el alto porcentaje (más del 50%) de crímenes sin revolver de 2024.
