La minería informal, uno de los principales problemas ambientales y de seguridad del país, empieza a ganar espacio en la política. La revisión de las listas preliminares de precandidatos al nuevo Congreso bicameral revela que varios postulantes mantienen vínculos con el Reinfo, asesorías a gremios mineros o antecedentes ligados a la actividad, un escenario que también alcanza a La Libertad.
Un análisis de registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), contrastados con información del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y reportes independientes, muestra que al menos una veintena de postulantes a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados mantiene inscripciones mineras vigentes, suspendidas o retiradas, o ha tenido participación activa como asesores y defensores de gremios del sector.
Lejos de ser un fenómeno aislado o circunscrito a una sola región, el patrón se repite en zonas históricamente golpeadas por la minería informal, como Cusco, Apurímac, Puno, Ica y la Amazonía. La Libertad no es ajena a este escenario y ya registra casos que llaman la atención de observadores electorales y especialistas en gobernanza ambiental.
La Libertad: precandidatos y sus nexos con la minería informal
En esta región, uno de los nombres que aparece en los registros es el de Benner Luján, militante de Acción Popular, quien figura entre los cientos de mineros excluidos del Reinfo por no cumplir con los requisitos del proceso de formalización. Aunque la exclusión no constituye un delito, especialistas advierten que evidencia una relación previa con la actividad minera informal, sector que hoy busca representación política.
Otro caso es el de Adolfo Valverde, vinculado a Perú Libre, identificado como asesor de la Confemin, uno de los gremios que presiona por ampliar el Reinfo y flexibilizar los controles ambientales y administrativos sobre la minería artesanal e informal.
Un patrón que se repite en varias regiones
El cruce de información revela situaciones similares en otras partes del país. En Cusco y Apurímac, algunos precandidatos mantienen registros en distritos con alta conflictividad social por minería; en Ica, Lambayeque y Tumbes, aparecen inscripciones suspendidas; mientras que en Puno y Lima se identifican dirigentes que han defendido públicamente la continuidad del Reinfo sin mayores exigencias de fiscalización.
A ello se suman asesorías legales y políticas a organizaciones de mineros informales, así como vínculos con dirigentes investigados por delitos ambientales, lavado de activos y crimen organizado. En la Amazonía, incluso, reaparecen figuras con antecedentes parlamentarios cuestionados por presuntas prácticas irregulares vinculadas al sector.
Minería ilegal en la política: el riesgo de legislar con conflicto de intereses
El contexto cobra especial relevancia si se considera que el próximo Congreso tendrá en sus manos decisiones clave sobre política minera, protección ambiental, ordenamiento territorial y procesos de formalización. Expertos advierten que la llegada de representantes con intereses directos en la minería informal podría traducirse en conflictos de interés y en intentos de debilitar la regulación estatal.
La minería ilegal mueve miles de millones de soles al año y, según informes especializados, cuenta con capacidad económica suficiente para influir en campañas electorales y decisiones políticas. Por ello, organizaciones civiles y analistas coinciden en que la transparencia sobre los antecedentes de los candidatos resulta clave en esta etapa del proceso electoral.
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