Juntos hasta en el desacierto. Tras la salida, por vacancia, de Arturo Fernández, la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Gobierno Regional de La Libertad muestran un acercamiento político e institucional a todas luces. “Mi gallito”, llamó el gobernador César Acuña a Mario Reyna: el alcalde tiene pasado apepista. “Judas” lo llaman en el bando rival, “Los locolovers”.
La naturaleza discrimina la filiación política; la gestión pública, no. Y en tiempos de emergencia por las lluvias que se registran en la sierra liberteña (con muertos, localidades aisladas y ayuda con retrasos), la Contraloría General de la República informó que el Gobierno Regional de La Libertad y el municipio trujillano no cumplieron con la “ejecución presupuestal de la partida 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres; y, almacenamiento de bienes destinados a la ayuda humanitaria”.
Gobierno Regional de La Libertad
La primera advertencia ronda sobre la deficiente ejecución presupuestal. Para 2025, en la categoría presupuestal 0068, el Gobierno Regional de La Libertad tiene un presupuesto de S/4 240 488 (su presupuesto inicial de apertura fue de S/3 975 471; es decir, pidieron más dinero); sin embargo, hasta finales de febrero solo ha ejecutado el 2 % de su presupuesto (S/82,705), según consta en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.
La segunda advertencia es sobre las condiciones en que opera el almacén del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), ubicado en Parque Industrial, del distrito La Esperanza.
En la evaluación desarrollada el 24 y 25 de febrero, la Contraloría encontró bienes en desuso, amontonados, sin clasificación ni organización; así como algunos bienes de ayuda humanitaria apilados directamente en el piso y otros sobre parihuelas, expuestos al polvo constante de la zona, lluvias y la intemperie”.
Según la Contraloría, se ha vulnerado el Artículo 11, de la Ley N.º 29664, sobre la correcta operación de almacenes de ayuda humanitaria; la Resolución Jefatural N.º 335-90, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional que estable las políticas para el sistema de abastecimiento.
“El almacén debe ser un área física seleccionada bajo criterios y técnicas adecuadas, destinada a la custodia y conservación de los bienes que van a emplearse para la producción de servicios públicos o de bienes económicos.”, señala la mencionada resolución.
Además, se ha vulnerado la Resolución Jefatural N.º 148-2009-INDECI que aprueba el procedimiento para la administración de bienes de ayuda humanitaria en casos de emergencia y/o desastres en el ámbito del sistema regional de defensa civil que exige “implementar instalaciones con infraestructura adecuada que permita guardar y almacenar bienes de ayuda humanitaria”.
“La situación expuesta pone en riesgo la custodia y conservación de los bienes de ayuda humanitaria materia de almacenamiento, lo cual podría afectar la atención oportuna y adecuada de la población, en caso de desastres”, concluye el ente fiscalizador.
También se advirtió falta de extintores y mangueras contra incendios en el almacén central y almacén periférico, lo que “pondría en riesgo la atención inmediata en caso de incendio, pudiendo afectar la integridad física de los colaboradores; así como el deterioro y/o destrucción de los bienes de ayuda humanitaria”. Pese a que, en lo que va del año, en la región se registran más de siete mil afectados por emergencias y desastres.
Municipalidad Provincial de Trujillo
La Municipalidad Provincial de Trujillo sigue el mismo ejemplo que el gobierno regional. Cuenta con un presupuesto de S/2 085 000; sin embargo, hasta el 26 de febrero de 2025, se registra una ejecución del gasto del 0.6 % equivalente a la suma de S/2, 574 en lo que respecta la adquisición de bienes de ayuda humanitaria.
También se encontró indicios de compras innecesarias: mediante el informe N.° 28-2024-MPT/GGRDyDC/SGDC/JMZE2, del 23 de octubre de 2024, el responsable del almacén de ayuda humanitaria, Jorge Zelada Escuadra, requirió a la Subgerencia de Defensa Civil, de forma reiterada, la adquisición de bienes de ayuda humanitaria, teniendo en consideración la atención de quinientas familias.
“No obstante, de la revisión a la información alcanzada a esta comisión de control mediante los formatos N.° 1 Verificación de la ejecución de la partida presupuestal 0068 y N.° 2 Verificación de almacenes de ayuda humanitaria, se advierte que, en siete tipos de bienes, se pretende adquirir una cantidad mayor a la requerida por el responsable de almacén”.
“Esta situación, podría conllevar una inadecuada ejecución del presupuesto asignado a la gestión del riesgo de desastres, y con ello se generaría el riesgo de que la población damnificada o afectada no reciba una atención oportuna y eficiente en caso de emergencias y/o desastres”, señala el informe de Contraloría.
Además de la baja e incorrecta ejecución presupuestal, Contraloría advirtió que “el almacén de bienes de ayuda humanitaria (de la MPT) no reúne las condiciones adecuadas para la conservación y custodia de los bienes, situación que genera el riesgo de deterioro y pérdida, así como de afectar la atención oportuna e inmediata de la población en condición de damnificados y/o afectados por emergencias y desastres”.
La inspección se desarrolló el 24 de febrero de 2025, en el almacén de bienes de ayuda humanitaria, ubicada en la avenida América Sur N.° 1893, Complejo Polideportivo Chan Chan: se advirtió la presencia de humedad, rajaduras en los techos y en las juntas de dilataciones de la construcción.
Asimismo, se evidenció que los ambientes no cuentan con una adecuada ventilación, «lo cual, aunado a una deficiente distribución de los bienes, provoca la presencia de hongos y/o mohos, contribuyendo de esta manera, con el deterioro de estos».
“Es de gran importancia advertir que el Almacén de Ayuda Humanitaria se encuentra ubicado al interior del Complejo Chan Chan que fue diseñado para el desarrollo y promoción de diferentes actividades deportivas; por lo tanto, su infraestructura no es la idónea para el almacenamiento de bienes que están destinados a la asistencia inmediata de la población que pueda verse afectada o damnificada por la ocurrencia de emergencias o desastres”.
Con la herida a flor de piel por la desgracia en el centro comercial Real Plaza, que cobro seis vidas por el colapso del techo del patio de comidas, Contraloría pone énfasis en la siguiente observación: «Además, se identificó que en el segundo piso del Complejo Chan Chan se almacenan víveres de primera necesidad, correspondientes a los programas sociales de la Gerencia de Desarrollo Social».
Se trata de una cantidad significativa de sacos de arroz, azúcar y entre otros, que están apilados en un segundo nivel de una edificación «que no fue diseñada ni construida para tal finalidad, lo cual podría estar generando una sobrecarga a la estructura de la edificación, pudiéndose afectar la seguridad de todo el personal que labora en dichas instalaciones”, señala el informe.
También se corroboró que el almacén no cuenta con seguridad permanente y que no cuenta con certificado o documentos que acrediten la desinfección y/o desratización de los ambientes, “lo que conlleva un riesgo inminente de presencia de roedores, insectos y/o plagas, lo cual afectaría directamente a los bienes generando el riesgo de deterioro y pérdida”, advierte Contraloría.
Otra situación preocupante es que los bienes de ayuda humanitaria tipo no alimentario (kit de limpieza) se encuentran vencidos desde el año 2021; sin embargo, permanecen en el almacén sin efectuarse el correspondiente procedimiento de baja.
Se trata de 288 kits de limpieza, los cuales se encontraban sellados en una bolsa plástica y almacenados en dos cajas con un rótulo denominado “KIT DE ASEO VENCIDOS”. Cada kit contaba con una toalla de mano, un cepillo de dientes, un cepillo pequeño, un jabón de tocador y una pasta de dientes. ¿Por qué no se repartieron a los damnificados?
Para subrayar las deficiencias en la gestión pública son heredadas, la Contraloría detalla que “el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial no cuenta con información histórica consolidada, respecto de la cantidad de población damnificada y/o afectada por emergencias y desastres ocurridos durante los años 2023, 2024 y 2025, lo cual podría afectar la adecuada programación de adquisición de bienes de ayuda humanitaria”.
Es decir, no se sabe con exactitud cuantos afectados y damnificados dejó el ciclón Yaku, que se registró en marzo de 2023. La ausencia de esta data también abarca la gestión de Arturo Fernández: Mario Reyna era su teniente alcalde.
Además, “esta situación podría generar que la Entidad no realice una adecuada programación de adquisición de bienes de ayuda humanitaria destinados a la atención de la población damnificada y afectada en caso de emergencias y desastres, debido a que, a la fecha, se desconoce cuál es la cantidad exacta de personas que han tenido la condición de damnificadas y/o afectadas, así como el tipo de ayuda que se le pudo haber brindado”, advierte.
Sin respuesta
Sobre estos serios problemas, BuenaPepa intentó comunicarse con los responsables de los Centros de Operaciones de Emergencia Regional y Provincial, respectivamente; sin embargo, no obtuvimos respuesta.
En un contrapeso a los informes de Contraloría, el Gobierno Regional de La Libertad detalló que, hasta el cierre de este informe, ha entregado 56 toneladas de alimentos a las lejanas provincias de Pataz y Bolívar, para ser distribuidas a las personas damnificadas producto de la emergencia por lluvias.
La información fue brindada por la Plataforma de Defensa Civil Regional que presidió la gobernadora encargada Joana Cabrera Pimentel.
Acuña está de vacaciones y Mario Reyna, mira a otro lado: ahora promociona su paquete de obras en redes sociales, muy ajenas a emergencias y desastres.
