Por un puñado de soles o un ajuste de cuentas, la criminalidad en La Libertad sigue reclutando a niños y adolescentes. La violencia volvió a mostrar su rostro más desgarrador con dos intervenciones policiales que confirman una tendencia alarmante: el uso de menores de edad como brazo ejecutor de bandas dedicadas al sicariato, el robo y la extorsión en el norte del país.
El primer caso encendió las alarmas en Chao, provincia de Virú. Tras una rápida investigación de la DEPINCRI Virú, agentes policiales detuvieron a un adolescente de 14 años dentro de su propio centro educativo en la zona de Buena Vista. El menor es señalado como el presunto responsable del asesinato de Mateo Armas Luna (27), perpetrado el pasado 29 de agosto, en el sector Puente Inca.
Según la PNP, Armas Luna fue interceptado para robarle su motocicleta, recibió un disparo a quemarropa y murió camino al hospital. Lejos de ocultarse tras el crimen, la banda a la que pertenece el menor no dio tregua: exigió S/4,000 soles a la familia de la víctima a cambio de devolver la unidad robada.
Durante el peritaje al teléfono del estudiante capturado, los agentes hallaron fotos y videos del arma, así como chats extorsivos. Con autorización de la madre del menor, la Policía incautó, en su vivienda, un revólver abastecido con cinco municiones, presuntamente utilizado en el asesinato.
Apenas unas horas después, en una vivienda de la tercera etapa del sector Nuevo Jerusalén, en la parte alta del distrito trujillano de La Esperanza, agentes del DEPINCRI Norte, redujeron a un niño de tan solo 12 años, pregunto responsable del ataque a balazos contra J.S.G.G., un adolescente de 16 años quien terminó herido de gravedad y se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Regional Docente de Trujillo.
Al menor de 12 años se le incautó una pistola Sig Sauer calibre 9 mm, cargada con 12 cartuchos lista para percutar, un teléfono celular y un par de zapatillas manchadas con rastros de sangre con las que habría intentado huir.
Ambos expedientes pasaron a manos del Ministerio Público de Familia y los Juzgados de Menores para determinar las medidas socioeducativas correspondientes, bajo el estricto principio de presunción de inocencia.
Según informes de la Comandancia General de la Policía Nacional (PNP) y reportes del Ministerio del Interior (MININTER), cerca del 50 % de las personas intervenidas o implicadas en delitos de sicariato y extorsión en la franja norte del país y el Callao corresponden a menores de edad.
