Los principios sobre los que se sustenta el Estado Constitucional de Derecho son, entre otros, la supremacía de la Constitución, la separación de poderes, la protección de los derechos fundamentales, el control de constitucionalidad y la participación democrática.
Estos principios buscan garantizar un gobierno limitado, donde la Constitución sea la Ley suprema, los poderes estén equilibrados, se protejan los derechos individuales, y exista un mecanismo para asegurar que las leyes y acciones gubernamentales sean compatibles con la Constitución.
Es importante entender que el proceso de constitucionalización del Derecho y de la vida diaria surge, justamente, con la finalidad de controlar el ejercicio del poder de la administración pública mediante sus diferentes órganos gubernamentales y niveles de jerarquía, sus actos, sus decisiones y sus procedimientos, prevaleciendo la protección de los derechos fundamentales de una sociedad o comunidad.
Este es el sistema que rige hoy también en nuestro país, el imperio de la Constitución; aunque, lamentablemente, esto sólo es en la teoría, en la práctica, pareciera más bien que rige el IMPERIO DE LA ARBITRARIEDAD.
En todos los niveles y desde todos los estamentos, la arbitrariedad y desconocimiento de las normas o vulneración de estas se suceden día a día. Desde el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la JNJ, hasta la administración regional, provincial o distrital, quienes en su actuación vulneran el debido procedimiento administrativo o, simplemente, desconocen las normas que rigen sus funciones, se irrogan facultades que no les corresponden por desconocimiento o por su libre voluntad, con intenciones no muy honestas y que todos conocemos.
Cualquiera de nosotros, que alguna vez hemos recurrido a la administración pública, sabemos el vía crucis al que nos podemos enfrentar, los obstáculos que se nos presentan en el camino y las soluciones que debemos escoger, a pesar, de tener la razón fáctica y el respaldo legal respectivo. Esto genera frustración frente al abuso, decepción y desconfianza en nuestras autoridades.
Entonces, como podemos exigir un mejor comportamiento social de nuestros ciudadanos si es la arbitrariedad la que rodea nuestra vida diaria, producto muchas veces de la corrupción. El imperio de la arbitrariedad, y no el de la ley, rige el actuar de nuestra administración pública, ¿cómo respetar a quien no se hace respetar?
Enfrentarse al calvario de un procedimiento administrativo, un proceso judicial o una investigación fiscal, entre tantas otras, representa un permanente sufrimiento y desgaste de tiempo y recursos económicos, pero, sobre todo, en enfrentarse, en muchos casos, a una retahíla de arbitrariedades que contravienen nuestro orden constitucional y legal, debiendo utilizar los medios de defensa necesarios que sólo aletargan los procesos iniciados.
Los principios sobre los que descansan la modernas democracias son permanentemente vulnerados, pisoteados, conceptualizados mediante interpretaciones antojadizas y sin sustento que sólo generan caos, desorden y desconfianza en los más altos niveles de nuestro engranaje gubernativo.
Si esto es así, en los niveles más altos y frente a toda la nación, aún cuando existen los medios de control necesarios, imagínense lo que puede suceder en los pueblos más alejados de nuestro territorio, cuando el ejercicio del poder no tiene límites claros, cuando cada quien hace lo que quiere.
Carlos Talledo Manrique
Abogado constitucionalista
