Una tormenta política y social se ha desatado tras la publicación del Reglamento de la Ley 32213, que permite la herencia de permisos temporales a mineros informales registrados en el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera).
La medida, que fue oficializada este domingo por el Gobierno, ha generado rechazo de diversos sectores por considerar que blinda la minería ilegal bajo un disfraz de formalización.
Según el reglamento, los permisos inscritos en el Reinfo podrán transferirse por sucesión en caso de fallecimiento del titular, y se permite a los mineros cambiar de concesión por única vez. La norma surge en medio de una grave crisis de seguridad agravada por el accionar de mafias que se financian con actividades vinculadas a la minería ilegal.
La congresista Diana González, de Avanza País, pidió la inmediata citación del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, para explicar los alcances de esta disposición. “Permitir esta sucesión abre el camino a sectores que respaldan la minería ilegal disfrazada de informalidad”, declaró a la revista Rumbo Minero.
En respuesta, el ministro Montero solicitó presentarse este martes ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso para “aclarar disposiciones” que han generado inquietud pública.
Regiones no fueron consultadas
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales expresó su rechazo a la figura de la herencia dentro del Reinfo y denunció que no fue consultada durante la elaboración del reglamento, pese a tener competencias en la fiscalización del proceso de formalización minera.
El congresista Wilson Soto, de Acción Popular, calificó la norma como “inaceptable”, al advertir que convierte “la informalidad en un derecho familiar”, excediendo así el marco que debería regir este tipo de procesos.
Un mecanismo temporal que no se extingue
El Reinfo fue creado en 2016 con carácter estrictamente temporal, como una medida para reducir la informalidad minera. Sin embargo, su vigencia ha sido prorrogada repetidamente. En 2024, el Congreso amplió nuevamente el plazo por seis meses, decisión duramente criticada por especialistas que consideran que perpetúa la impunidad en el sector.
Datos del propio Ministerio de Energía y Minas revelan que apenas el 4 % de los más de 85.000 mineros en proceso de formalización son propietarios de las concesiones donde operan, lo que evidencia un uso desvirtuado del registro.
En el Congreso ya se discute una nueva normativa llamada Ley MAPE (de la pequeña minería y minería artesanal), con el objetivo de reemplazar al Reinfo. No obstante, también ha sido cuestionada por legitimar prácticas informales e ilegales.
Minería informal y crimen organizado: una alianza letal
La polémica ocurre tras un hecho sangriento que sacudió al país: el asesinato de 13 mineros en la provincia de Pataz, una zona dominada por bandas criminales ligadas a la minería ilegal. El Gobierno declaró el estado de emergencia en la región, mientras la presión social y política crece por endurecer las políticas de control frente a estas actividades.
