Impunidad, vulneración de derechos humanos y afectación del sentido de justicia, son algunos de los riesgos que implica que policías y militares sean juzgados en sus respectivos fueros. Sin embargo, en segunda votación y por mayoría, el Congreso peruano aprobó está reforma impulsada por Fuerza Popular y Renovación Popular.
Desde otra perspectiva, esta ley asoma decisiva para la nación. A pocos pasos de que el próximo gobierno entre en funciones, tendrá uno de los principales desafíos de los últimos años: responder ante el aumento de inseguridad ciudadana. La controversia es alimentada por el asesinato, por parte de militares, en Ayacucho, de diez civiles que, en 2022, protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte; así como el asesinato de cinco jóvenes, en abril de 2026, acusados de narcoterroristas: en este caso, la justicia ordinaria dispuso prisión preventiva para ocho militares.
Por el lado policial, el tema más mediático nación en las celdas de la comisaría de Manchay, en Lima, en donde una joven detenido por robo murió: para la Policía, se trata de un suicidio; los deudos aseguran que fue asesinado a golpes por los custodios del orden.
La XIII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en Perú 2025, reflejó que el 27 % de peruanos percibe a la Policía como corrupta y el 32 % espera que dicha institución debe de proyectar mayor liderazgo en la lucha contra este problema social.
¿Qué modifica esta reforma?
La reforma, que para los críticos es otra de las denominadas «Leyes procrimen», modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal con el objetivo de precisar el concepto de delito de función y establecer que ciertos hechos vinculados al cumplimiento del deber sean investigados y juzgados por la jurisdicción militar-policial. Para sus impulsores, la norma busca brindar mayor respaldo legal a los efectivos que enfrentan a organizaciones criminales cada vez más violentas, especialmente en contextos de estados de emergencia y operativos de alto riesgo.
¿Y los derechos humanos?
Sin embargo, la aprobación de la norma, según especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, advierten que la ampliación de competencias del fuero militar-policial podría generar conflictos con la justicia ordinaria y reducir los mecanismos de control sobre posibles excesos cometidos por agentes del Estado.
“Básicamente, la competencia del fuero militar es para delitos, infracciones que tienen que ver con el fuero militar. Cuando hay casos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos, los tiene que ver un fuero que no sea militar. Para evitar posibles situaciones de falta de imparcialidad, falta de unidad, como se le denomina garantía del juez imparcial o el juez natural”, explica para BuenaPepa, André García, abogado especialista en derecho penal.
También explicó que uno de los principales retos será delimitar con claridad qué conductas constituyen verdaderos delitos de función y cuáles deben seguir siendo investigadas por el sistema judicial común.
¿Y Trujillo?
En ciudades como Trujillo, Lima y otras zonas afectadas por la delincuencia organizada, la población exige medidas efectivas frente a la ola criminal. Mientras algunos sectores consideran que otorgar mayores garantías jurídicas a policías y militares permitirá una actuación más firme contra las bandas delictivas; otros sostienen que la seguridad ciudadana no debe alcanzarse a costa de debilitar los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas de quienes integran las fuerzas del orden.
Tras la aprobación por parte del Congreso, el futuro de la norma depende del Poder Ejecutivo, que deberá decidir si la promulga o la observa. Entretanto, el debate permanece abierto: ¿se trata de una herramienta necesaria para fortalecer la lucha contra el crimen o de una reforma que podría generar controversias en la administración de justicia? La respuesta podría marcar una parte importante de la política de seguridad que adopte el nuevo gobierno en los próximos años o aprovecharse de los mecanismos legales e institucionales de la misma para legitimar la represión social y los abusos de autoridad en nombre del orden y la lucha contra la delincuencia.
Por Camila Rodríguez Toledo
