El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó en septiembre de 2025 que los internos recluidos en la Base Naval del Callao —entre ellos Vladimiro Montesinos, Víctor Polay Campos y Florindo Flores Hala, alias Artemio— serán trasladados al penal Ancón II (Piedras Gordas).
La decisión responde al vencimiento del convenio suscrito hace más de dos décadas entre el Estado y la Marina de Guerra del Perú, que facultaba el uso de un espacio militar como centro de reclusión para personajes de alta peligrosidad.
La medida, que en apariencia podría verse como una simple reubicación administrativa, ha generado un fuerte rechazo y se percibe como un despropósito político y estratégico, en un contexto en el que el sistema penitenciario y las políticas de seguridad atraviesan una crisis profunda.
De la Base Naval a Ancón II: traslado por razones administrativas
El INPE justificó la medida como una consecuencia natural del fin del acuerdo con la Marina, argumentando que corresponde al sistema penitenciario asumir la custodia de los reclusos. En apariencia, se trata de un acto administrativo que devuelve al INPE la potestad de controlar a los internos más emblemáticos de la historia reciente del país.
Sin embargo, la decisión no puede leerse solo en términos burocráticos. La Base Naval del Callao fue, desde los años 90, un símbolo del control absoluto del Estado frente al terrorismo y la corrupción, garantizando un régimen de aislamiento estricto bajo supervisión militar.
Su desactivación como cárcel especial genera incertidumbre en un momento en que el sistema penitenciario atraviesa una crisis estructural y un proceso de reestructuración apenas iniciado en marzo de 2025.
Un sistema penitenciario en reestructuración
El INPE se encuentra en pleno proceso de reestructuración desde marzo de 2025, tras la aprobación de un plan integral destinado a enfrentar el hacinamiento, la corrupción interna y la falta de recursos. En este marco, pretender sumar a Piedras Gordas a los internos más peligrosos y emblemáticos del país no solo tensiona un sistema ya debilitado, sino que además representa un retroceso en la política penitenciaria.
La Base Naval, bajo control militar, ha demostrado durante más de dos décadas ser un espacio eficaz para el aislamiento absoluto de internos que encarnan el terrorismo, la corrupción y la violencia de Estado. Cambiarlos de ese entorno seguro a un penal administrado por el INPE, en pleno proceso de reformas, es equivalente a abrir un flanco de riesgo innecesario.
Un sistema penitenciario debilitado
El INPE enfrenta problemas de hacinamiento, corrupción interna, tráfico de influencias y limitaciones presupuestales. Aunque Piedras Gordas es un penal de máxima seguridad, analistas advierten que no cuenta con las mismas condiciones de aislamiento ni con el blindaje simbólico y militar de la Base Naval.
El riesgo no es únicamente de fugas —improbables pero no imposibles—, sino de eventuales contactos con mafias criminales que operan en los penales comunes, lo que podría reactivar redes de influencia o de articulación política desde la cárcel.
El trasfondo político y el debate ciudadano
El traslado también se da en un contexto de fuerte desconfianza hacia el gobierno. La administración de Dina Boluarte ha acumulado fracasos en materia de seguridad: desde el “cuarto de guerra” hasta los estados de emergencia reiterados, pasando por la inoperancia en la captura de prófugos como Vladimir Cerrón. En ese marco, la decisión de desactivar la cárcel más segura del país genera la percepción de que el Estado se debilita frente a sus propios símbolos.
Sectores de la oposición y analistas políticos cuestionan si este traslado obedece únicamente a razones administrativas o si existen intereses políticos detrás, como diluir el peso simbólico de la Base Naval y normalizar el tratamiento de internos que representan heridas abiertas en la memoria del país.
La memoria histórica en juego
No debe olvidarse que los internos de la Base Naval son los rostros de las etapas más duras que atravesó el Perú: el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, y la corrupción de la dictadura fujimorista. Su reclusión en la Base Naval era, en sí misma, un recordatorio del triunfo del Estado sobre esos flagelos. Trasladarlos a un penal común de máxima seguridad puede ser visto como un retroceso en la narrativa simbólica de la justicia peruana.
El traslado de los internos de la Base Naval al penal Ancón II es mucho más que un trámite administrativo tras el fin de un convenio. Es un hecho cargado de implicancias políticas, simbólicas y de seguridad en un contexto donde la ciudadanía exige firmeza frente al crimen organizado y la corrupción.
La pregunta de fondo es si el INPE está realmente preparado para asumir este desafío o si, una vez más, la improvisación del Estado terminará abriendo grietas en la frágil estructura de seguridad del país.
El intento de trasladar a los reos de la Base Naval a Piedras Gordas no responde a criterios técnicos de seguridad, sino a un despropósito político que ignora el contexto de crisis institucional y de inseguridad ciudadana que atraviesa el país.
Mientras el INPE busca reestructurarse, y mientras el gobierno acumula fracasos en la lucha contra la delincuencia y la corrupción, esta decisión no hace sino reflejar la improvisación y la falta de visión estratégica de una administración debilitada y sin rumbo claro.
El Perú no necesita medidas que erosionen su memoria histórica, sino políticas firmes que garanticen la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones. Trasladar a Montesinos, Polay o Artemio a Piedras Gordas es, hoy por hoy, la señal contraria: la de un Estado que, en vez de reforzar sus pilares, los debilita en medio de la tormenta.
Cesar Ortiz Anderson
Más noticias:
Cuando la corrupción se infiltra en el Estado, por César Ortiz Anderson
– Lee el artículo aquí.
