La protesta es un derecho que se encuentra reconocido de forma implícita en la Constitución peruana de 1993 y en los tratados de derechos humanos que el Perú ha suscrito, a partir de su relación con los derechos a la libertad de expresión, a la participación y, especialmente, a la libertad de reunión (Artículo 2º, inciso 12 de nuestra Carta Magna).
Perú: las protestas tienen límites
Todos tenemos la prerrogativa constitucional de salir a las calles y reclamar a quien corresponda por alguna injusticia, arbitrariedad, medida impuesta o cualquier hecho que la población o un sector de ella considere que afecta su libre desarrollo y/o bienestar.
Sin embargo, debemos entender también que todo derecho fundamental se encuentra limitado por su propio contenido esencial o constitucional, es decir, tiene límites. Estos límites deben ser establecidos en cada caso concreto y sobre la base de una interpretación adecuada de los mismos.
Es claro que el derecho de protesta no incluye en su contenido esencial el bloqueo de calles, avenidas o carreteras, tampoco la incomunicación de una ciudad y mucho menos, por supuesto, actos de violencia o vandalismo, simplemente porque estas acciones vulneran otros derechos fundamentales, generan caos y crisis temporales que el ejercicio de un derecho no puede permitir.
Sobre la base de todo ello podemos decir claramente que existe un erróneo o incorrecto ejercicio del derecho de protesta en nuestro país, y no un conflicto de derechos fundamentales, cuando los reclamantes operan de esa manera, y ese incorrecto uso debe ser corregido por nuestras autoridades en el ejercicio de las potestades que la Ley y la Constitución les otorga, evitando bloqueos o desactivándolos mediante el uso controlado de la PNP u otros medios.
Todos hemos visto impávidos los videos que circulan en las redes sobre los actos de violencia que las últimas protestas han dejado lo cual deslegitima la razón del reclamo, por más justo o cierto que este sea.
¿Bloquear carreteras como parte de protestas?
Basta con bloquear vías o carreteras, dejar a una ciudad aislada, a su población en estado de vulnerabilidad y posible escasez, transporte paralizado, perjuicios personales, sociales, económicos y de infraestructura sin que el Estado peruano actúe. Se encuentra adormecido, impávido, sin saber qué hacer o, lo peor, con temor de actuar.
Lamentablemente tenemos autoridades timoratas que navegan al vaivén de sus ideologías, conveniencias o ambiciones políticas, dejando de lado las reales razones de los cargos que ostentan. Se ha perdido el principio de autoridad en detrimento de la mayoría de la población, lo cual es perfectamente aprovechado no sólo por azuzadores de ideologías cavernarias que solo buscan sacar réditos personales, sino, por cualquiera que así se lo proponga. Una minería informal que es manejada por enormes mafias que dejan muerte, destrucción y pobreza por donde pase.
Quién realmente maneja los hilos de estas protestas, quiénes se benefician y quiénes pescan en este río revuelto. No olvidemos que existe mucho dinero de por medio y cuotas de poder por las que pelear y matar.
Nuestras autoridades deben fajarse bien el cargo y actuar como corresponde, sancionando y castigando este tipo de acciones, caso contrario, el panorama se verá cada vez más sombrío. Por si fuera poco, esto recién comienza.
Carlos Talledo Manrique
Abogado constitucionalista
