Se fue entre gallos y medianoche. Dina Boluarte dejó la presidencia tras una votación unánime en el Congreso que aprobó su vacancia bajo la causal de incapacidad moral permanente. Con 121 votos a favor, sin ninguna oposición ni abstención, el Parlamento puso fin abrupto al mandato de Boluarte, considerada la más impopular en décadas, con reprobación sostenida incluso entre la juventud y en el sur del país.
Dina Boluarte:
En una aparición televisiva grabada desde el Palacio de Gobierno, acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y miembros de su gabinete, Boluarte optó por vestir de blanco.
Su discurso estuvo enfocado en los «logros sociales y económicos de su administración» y, pese a tener el descontento mayoritario, reafirmó «su compromiso con los más de 34 millones de peruanos» y rechazó la acusación que llevó a su destitución: «La causal invocada para esta vacancia no configura la incapacidad moral”, dijo.
Sin embargo, la exmandataria no aceptó responsabilidad ni hizo autocrítica sobre la crisis política, social y de seguridad que vive el Perú desde inicios de su mandato en diciembre de 2022.
Denunció «manos negras» e intereses oscuros detrás de la campaña para sacarla del poder, y solicitó que las próximas elecciones sean «transparente y democráticas», instando a la ciudadanía a elegir con responsabilidad.
El momento más llamativo del mensaje fue su despedida: «Me voy tranquila, en paz, con la moral en alto y con dignidad íntegra. He dado todo de mí al pueblo peruano».
«Me voy tranquila, en paz, con la moral en alto y con dignidad íntegra. He dado todo de mí al pueblo peruano».
Su adiós quedó marcado por la interrupción de la señal para transmitir la juramentación inmediata de José Jerí, presidente del Congreso, como nuevo jefe del Estado, conforme al protocolo constitucional. Jerí asumió en medio de una nación convulsionada, con una fractura institucional profunda y una incertidumbre palpable sobre el futuro.
Así se cocinó la vacancia contra Dina Boluarte
La destitución había sido impulsada por una coalición amplia que incluyó a Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y otros partidos que, hasta hace poco, habían respaldado el gobierno de Boluarte. El proceso se desarrolló en sesión semipresencial, sin la presencia de la afectada y en estricto cumplimiento de la normativa vigente, según fuentes oficiales.
