En setiembre de 2025, el escenario político peruano se marcó por un hecho que refleja tanto la fragilidad institucional del país como la estrategia de autoprotección legal de la presidenta Dina Boluarte. El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, recientemente nombrado pese a haber sido previamente censurado como ministro del Interior, enfrenta ahora serias investigaciones de la Fiscalía por presuntos actos de corrupción en el poder.
Su permanencia en el cargo ha generado una ola de críticas y suspicacias, pues diversos analistas sostienen que su función no se limita al sector Justicia, sino que tendría como objetivo principal blindar a la presidenta frente a los procesos que pesan en su contra.
El trasfondo político: un ministro cuestionado para un gobierno cuestionado
La designación de Santiváñez, lejos de ser un giro hacia la renovación política, representa una señal de continuidad en el uso del aparato estatal como escudo frente a la justicia. El ministro, debilitado por su antecedente de censura y ahora investigado por corrupción, carece de legitimidad política para encabezar el sector.
Sin embargo, su perfil parece funcional a una agenda inmediata: garantizar que los procesos judiciales que alcanzan a la presidenta Boluarte —tanto en el Ministerio Público como en cortes internacionales por violación de derechos humanos durante la represión de protestas— no avancen con celeridad.
Los fracasos en seguridad y la pérdida de autoridad política
El contexto en el que se produce este nombramiento es aún más complejo. La inseguridad ciudadana, reconocida como el principal problema del país, ha puesto en jaque la gobernabilidad. Los planes anunciados por el Ejecutivo han terminado en fiascos:
- El Plan Boluarte, sin resultados concretos.
- Los reiterados estados de emergencia, que no lograron reducir los índices delictivos.
- Los operativos mediáticos contra motos lineales y extranjeros indocumentados, percibidos como medidas populistas más que como políticas sostenibles.
- La creación del “cuarto de guerra” contra el crimen, que nunca pasó de la retórica.
- Y la rotación de siete ministros del Interior en poco más de un año, reflejo de improvisación y ausencia de estrategia.
Este gobierno, al que le faltan ocho meses para concluir su mandato, solo quiere ganar tiempo. Es una vergüenza que nos quiera tomar de tontos a la población, anunciando la construcción de una cárcel en la isla del Frontón. Ya el INPE se había pronunciado en contra de construir dicha cárcel, por lo oneroso que significaría dicho gasto, no solo en la construcción también en el mantenimiento del penal.
La designación de Santiváñez, lejos de ser un giro hacia la renovación política, representa una señal de continuidad en el uso del aparato estatal como escudo frente a la justicia.
Además, ya en varias entrevistas y artículos de Aprosec insistíamos que lo más lógico era acabar con la construcción y puesta en marcha de cuatro prisiones donde se paralizaron sus construcciones en Ica, Arequipa, Cajamarca y Loreto, las que podrían habilitarse en mucho menos tiempo y dinero.
El propio INPE afirma que resultaría en una mejor inversión habilitar esas cuatro prisiones a medio construir y en un menor tiempo y donde se estima que podría albergar a más de 15,000 internos. Sin duda, ello es ofrecer una solución mucho más rápida y a un menor costo.
La razón no es otra que un objetivo distractor a un gobierno Castillo-Boluarte al que nunca les importó mejorar la seguridad de todos los peruanos; lo vemos en la indiferencia por dotar a la Policía de mejores armas, chalecos, movilidades, comunicaciones, recursos para trabajar adecuadamente la inteligencia policial y la investigación criminal.
En este marco de inoperancia en seguridad, las figuras del ministro Santiváñez y la presidenta Boluarte aparecen todavía más cuestionadas: mientras la población exige resultados, el gobierno parece concentrar sus energías en proteger a sus figuras políticas antes que en proteger a los ciudadanos.
Boluarte y Santiváñez: blindaje y resistencia institucional
El futuro legal de la presidenta Boluarte es cada vez más incierto. Los procesos abiertos por corrupción, sumados a los casos de derechos humanos en cortes internacionales, configuran un panorama en el que la salida judicial parece inevitable. Sin embargo, desde el Ejecutivo se despliegan estrategias de blindaje:
- Nombramientos en sectores clave como Justicia, que podrían influir en la articulación con la Procuraduría o en la presión política sobre la Fiscalía.
- Negociaciones con bancadas parlamentarias, asegurando un mínimo de respaldo que dificulte procesos de vacancia o de acusación constitucional.
- El uso del discurso presidencial que insiste en victimizarse frente a supuestos complots, trasladando la atención mediática del terreno judicial al político.
Dina Boluarte frente a la Fiscalía: estrategias para sobrevivir en el poder
El gobierno de Dina Boluarte se encuentra desde hace meses bajo una creciente presión judicial y política. La presidenta del Perú enfrenta investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y violación de derechos humanos durante la represión de protestas sociales. Estos procesos han puesto en entredicho no solo su legitimidad como mandataria, sino también la estabilidad institucional del país.
En este escenario, Boluarte ha desplegado una doble estrategia de defensa: por un lado, acciones legales que buscan ralentizar o neutralizar los procesos en la Fiscalía; por otro, alianzas políticas en el Congreso y con sectores de poder, orientadas a blindar su permanencia en el cargo.
Las investigaciones fiscales: un cerco que se estrecha
La Fiscalía de la Nación abrió procesos por los siguientes casos:
- Violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales con saldo de decenas de muertos, que podrían llegar hasta cortes internacionales.
- Corrupción y tráfico de influencias, donde se mencionan presuntas redes de favorecimiento en licitaciones y contratos públicos.
- Enriquecimiento ilícito y nepotismo, con investigaciones que alcanzan a su entorno cercano.
La Fiscalía, pese a su independencia formal, ha enfrentado presiones políticas y mediáticas para no acelerar estos casos. Sin embargo, las pesquisas siguen abiertas y amenazan con acumular pruebas que comprometerían directamente a la mandataria.
Acciones legales de Boluarte: la defensa desde el poder
Boluarte ha recurrido a un arsenal legal y constitucional para protegerse:
- Aprovechar la inmunidad presidencial, que le impide ser procesada mientras esté en funciones.
- Presentar recursos de nulidad y dilación procesal, con el argumento de que la Fiscalía busca “perseguirla políticamente”.
- Reforzar el control del Ministerio de Justicia, con ministros como Juan José Santiváñez, cuya designación se interpreta como un movimiento calculado para articular defensas legales y frenar el avance de la Procuraduría.
- Promover una narrativa de “victimización política”, asegurando que las investigaciones responden a una conspiración para desestabilizar al Ejecutivo.
Estrategias políticas de blindaje
La sobrevivencia de Boluarte no depende solo de lo judicial, sino de la aritmética política en el Congreso. Ante este panorama, ha impulsado:
- Pactos con bancadas conservadoras y fragmentadas, otorgando cuotas de poder en ministerios y direcciones públicas.
- Acuerdos tácitos con sectores investigados por corrupción, bajo la lógica del «tú me proteges, yo te protejo».
- El respaldo de parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando estabilidad interna frente a posibles protestas masivas.
- Una política exterior pragmática, evitando choques con potencias internacionales y manteniendo un discurso de orden democrático que contraste con las acusaciones en su contra.
El costo político de la defensa
Aunque estas maniobras le han permitido ganar tiempo, el costo político ha sido enorme. La aprobación ciudadana de Boluarte es mínima, y su imagen pública está asociada a la corrupción, la represión y la impunidad. La estrategia de blindaje ha profundizado la crisis de legitimidad del Estado peruano, debilitando aún más la confianza en las instituciones y en la democracia misma.
Boluarte ha desplegado una doble estrategia de defensa: por un lado, acciones legales que buscan neutralizar los procesos en la Fiscalía; por otro, alianzas políticas en el Congreso, orientadas a blindar su permanencia en el cargo.
Un poder sostenido en alianzas frágiles
El futuro legal de Dina Boluarte permanece en suspenso. Las investigaciones fiscales avanzan lentamente, pero no desaparecen, y en algún momento podrían alcanzarla, especialmente una vez concluido su mandato. Mientras tanto, su supervivencia política depende de un delicado equilibrio entre alianzas parlamentarias, control institucional y recursos legales.
Boluarte no gobierna desde la fortaleza, sino desde la resistencia y el miedo al derrumbe judicial. Cada decisión política parece orientada no a resolver los problemas del país —como la inseguridad o la crisis económica—, sino a garantizar su propia protección.
El Perú, atrapado en esta lógica de blindaje, se acerca a las elecciones de 2026 con una democracia debilitada, un Estado fragmentado y una presidenta cuyo legado estará inevitablemente marcado por el signo de la sospecha y la defensa judicial.
Escenarios posibles para el 2026
El panorama hacia las elecciones generales de 2026 es especialmente turbulento. Con más de 40 precandidatos presidenciales, el sistema político luce fragmentado, lo que en apariencia beneficia a Boluarte al dispersar las fuerzas opositoras. Sin embargo, el avance de las investigaciones judiciales podría quebrar cualquier intento de continuidad o de protección desde el cargo.
En el mejor de los casos para la mandataria, podría resistir hasta el final del mandato con un margen precario de poder, gobernando más desde la resistencia legal que desde la conducción política. En el peor escenario, un fallo adverso en el ámbito internacional o un colapso en su relación con el Congreso podría precipitar una salida anticipada.
El caso Santiváñez no es un episodio aislado, sino un síntoma del uso instrumental del poder que caracteriza al gobierno de Dina Boluarte.
Su futuro legal se encuentra marcado por múltiples investigaciones, y sus intentos de protección desde la presidencia —a través de nombramientos, pactos y medidas dilatorias— revelan que la jefa de Estado gobierna más pensando en su propia defensa judicial que en las urgencias del país.
El Perú, atrapado entre la corrupción, la inseguridad y la crisis de legitimidad institucional, se encamina a un 2026 incierto, donde la presidenta ya no aparece como líder política, sino como una mandataria sitiada por la justicia e incapaz de responder a los problemas estructurales de la nación.
Queda claro que Dina Boluarte y su gobierno tendrán que rendir cuentas por todo lo actuado. Pedro Castillo empezó un pésimo gobierno que lo siguió Boluarte con un guion muy parecido, desde la protección de Cerrón, hasta la burla a todos los peruanos de mejorar la seguridad ciudadana, cuando tiene una gran factura de más de 2,500 homicidios por año.
Ya terminando el artículo, dos nuevas líneas de transporte público no saldrán y el paro nacional de EsSalud, indicando los propios médicos que la Corrupción está en toda su institución, ya es la gota que está derramando el vaso de una pésima gestión de este gobierno.
Finalmente, ante la crisis de inseguridad que vive el país, que el ministro del Interior manifieste tan ligeramente que «extrañamos a nuestros delincuentes», ello demuestra la gente que pone Dina Boluarte, sin duda de su propio cogollo, sin ninguna meritocracia. Qué pena da nuestro Perú.
Cesar Ortiz Anderson
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