En un operativo coordinado por la Policía Nacional de Perú (PNP), este viernes fue arrestado Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en medio de acusaciones de tráfico de influencias.
Esta detención, realizada a solicitud de la unidad anticorrupción de la Fiscalía, no solo se limitó a Nicanor Boluarte, sino que también incluyó al abogado de la familia, Mateo Castañeda, quien ha sido un rostro recurrente en los actos públicos de la presidenta.
Dina Boluarte: de esto se le acusa a su hermano Nicanor
El operativo se desplegó en varios puntos de Lima desde tempranas horas del día y aún continúa en desarrollo.
El nombre de la operación, ‘waykis en la sombra’, ha captado la atención de la prensa local, haciendo referencia a una palabra quechua utilizada por Boluarte para referirse al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Este último se encuentra implicado en un escándalo relacionado con el préstamo de relojes de lujo de la marca Rolex a la presidenta, lo que ha desencadenado una investigación por corrupción y cohecho por parte de la Fiscalía.
La orden de arresto también incluyó el allanamiento de 22 personas, con el objetivo de recabar evidencia relevante para la investigación en curso. Se espera que este proceso incluya la revisión de dispositivos electrónicos y la solicitud de levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria, según informa El Comercio.
Las acusaciones contra Nicanor Boluarte apuntan a la utilización de influencias indebidas para la designación de subprefectos, con el fin de favorecer la recolección de firmas en fichas de afiliación para el partido político Ciudadanos por el Perú.
Los subprefectos son cargos administrativos de confianza designados por el Ministerio del Interior y la presidenta, lo que subraya la gravedad de las acusaciones.
En respuesta a este escándalo, el Ministerio del Interior ha tomado la decisión de desarticular la unidad de la Policía Nacional encargada de apoyar al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
Esta medida, anunciada mediante una resolución ministerial, ha sido justificada por el Gobierno de Boluarte argumentando «duplicidad de funciones» con otras divisiones.
El impacto de este escándalo ha generado un profundo cuestionamiento sobre la integridad del entorno político de la presidenta Dina Boluarte, poniendo de relieve la urgente necesidad de abordar la corrupción en todos los niveles del gobierno.
