La pregunta que intentamos responder desde Aprosec con este artículo es un intento por poner algo de orden en este caos anárquico en el que se enreda el Perú.
Conforme transcurre la presente gestión en el gobierno, ¿sobre qué se sostiene la pretendida autoridad y legitimidad de poder de la administración de Dina Boluarte? Más aún si tomamos en cuenta que se trata de la continuidad de la gestión de Pedro Castillo, un presidente que dio un insólito e inaudito golpe de Estado en el que nadie obedeció su orden.
En medio de este caos en las calles debido a la inseguridad ciudadana, con organizaciones de base social protestando en todo el país porque las cosas no funcionan en ningún sector del Estado, y con una presidenta que no puede visitar las provincias del interior del país porque no es bienvenida por el pueblo. ¿Sobre qué se sostiene la legitimidad del actual gobierno?
Dina Boluarte, la menos querida
La gestión de Dina Boluarte, según las últimas encuestas, es la que peor aceptación tiene en la ciudadanía desde que se hacen encuestas de opinión pública: 4 % de aprobación versus 91 % de desaprobación.
Al igual que Pedro Castillo –el golpista a quien nadie siguió la orden–, la presidenta Dina Boluarte sufre de los mismos síntomas que padecen los gobernantes que no son aptos para administrar los poderes de una nación: delirio e ilusión de poder, ambición, nepotismo, autoritarismo y manía persecutoria.
El gobierno de Perú Libre cayó en un espejismo, pensó que por ser de izquierda y mayoritariamente «serrano» y «provinciano», la mayor parte de la población peruana por ser «serrana» y «provinciana» lo apoyaría incondicionalmente. Pero no ha sido así. La violenta represión de la gestión de Dina Boluarte durante las protestas en Puno y Ayacucho abrió un abismo entre el gobierno y el pueblo provinciano.
Legalmente el más grave problema que afrontará Dina Boluarte cuando deje el poder –además de la acusación de genocidio por las víctimas de Ayacucho y Puno– es el supuesto encubrimiento de Vladimir Cerrón, en primer lugar, y de Nicanor Boluarte en segundo lugar; ambos prófugos de la justicia.
El gobierno se encuentra seriamente comprometido con las acusaciones fiscales de encubrimiento en ambos casos. Tarde o temprano, sea durante este periodo de gobierno o una vez finalizado, la verdad saldrá a la luz.
Vladimir Cerrón y Nicanor Boluarte
Mucho se habla de los contactos de Vladimir Cerrón y de la organización de Perú Libre con la inteligencia cubana, lo mismo de las relaciones con la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua, y desde luego con los gobiernos de México y Colombia, alineados con la izquierda internacional.
Lo cierto es que los gobiernos de izquierda de América Latina cooperan entre sí para mantenerse vigentes en el poder legítimo de sus respectivos países. Sin embargo, el panorama internacional hoy se muestra muy inestable y cambiable debido a los conflictos globales que escalan lamentablemente hacia una conflagración mundial. Por otro lado, en el escenario interno, el gobierno de Dina Boluarte prácticamente hace agua en todos los aspectos.
La situación de la Policía Nacional y su desconexión con el Ministerio del Interior debido a la politización de este sector durante el actual gobierno, han significado el fracaso de todos los intentos de la gestión de Dina Boluarte por detener el avance de la criminalidad.
Los innumerables cambios de ministro en el sector Interior, los estados de emergencia infructuosos y los escándalos de corrupción en la institución policial sólo socavan aún más la continuidad del gobierno.
Finalmente, queremos remarcar que el actual gobierno Pedro Castillo–Dina Boluarte, tarde o temprano, termine o no su gestión el 2026, seguirá el mismo rumbo que los anteriores expresidentes Toledo, Humala, Kuczynski y etc.
Por César Ortiz Anderson
Presidente de Aprosec
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