En una jugada que sacudirá el panorama político, la presidenta Dina Boluarte ha promulgado una polémica ley que excluye a los partidos políticos de la responsabilidad penal en casos de corrupción.
La nueva normativa, que fue aprobada por el Congreso y publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, modifica el Código Penal y la ley que regula la responsabilidad administrativa de personas jurídicas en el proceso penal.
Dina Boluarte y la ley que se gestó en el Congreso
La ley, presentada como una medida para “optimizar la democracia representativa y establecer mecanismos más eficientes en la lucha contra la corrupción dentro de las organizaciones políticas”, ha generado una ola de reacciones tanto en el ámbito político como entre la ciudadanía.
En su contenido, se especifica que la responsabilidad penal recaerá únicamente sobre los individuos involucrados directamente en actividades ilícitas, liberando así a los partidos como entidades de cualquier consecuencia penal.
De acuerdo con el texto legislativo, en los casos de corrupción, las sanciones administrativas no incluirán la disolución de los partidos políticos. En su lugar, se remite al régimen sancionador establecido por la ley de organizaciones políticas.
La ley especifica que la responsabilidad penal recaerá únicamente sobre los individuos involucrados directamente en actividades ilícitas, liberando así a los partidos como entidades de cualquier consecuencia penal.
Esto implica que cualquier infracción cometida deberá ser tratada según los procedimientos internos de cada partido, sin la intervención del poder judicial en la estructura del partido en su totalidad.
Keiko Fujimori y Fuerza Popular, ¿los más beneficiados?
La promulgación de esta ley se da en un contexto particularmente polémico, ya que ocurre semanas antes del inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori, lideresa del partido opositor Fuerza Popular.
Fujimori, junto a la cúpula de su partido, enfrenta acusaciones de lavado de activos, bajo el argumento de haber utilizado su movimiento político como una organización criminal para recibir aportes ilícitos durante sus campañas electorales.
La fiscalía no solo busca una condena de 30 años de cárcel para Fujimori, sino también la disolución de Fuerza Popular.
Este nuevo marco legal podría tener un impacto significativo en el proceso judicial contra Fujimori y su partido, al eliminar la posibilidad de que Fuerza Popular sea disuelta como consecuencia de las acusaciones.
Ronchas y reacciones
Los críticos de la ley argumentan que esta medida puede ser vista como un intento de proteger a las organizaciones políticas de las consecuencias legales de la corrupción, debilitando así la lucha contra este flagelo en el país.
Por otro lado, los defensores de la ley sostienen que se trata de una herramienta necesaria para preservar la estabilidad de las instituciones democráticas y evitar que los partidos políticos sean desmantelados por los actos ilícitos de unos pocos miembros.
La promulgación de esta ley se da en un contexto polémico, ya que ocurre semanas antes del inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori, lideresa del partido opositor Fuerza Popular.
Afirman que las sanciones individuales son más justas y efectivas para combatir la corrupción sin poner en riesgo la existencia de los partidos como entidades fundamentales del sistema democrático.
La promulgación de esta ley coloca a la administración de Boluarte en el centro de un debate nacional sobre la corrupción y la responsabilidad política.
Con un país dividido y en un momento crítico para la política peruana, las implicaciones de esta norma recién promulgada están por verse, mientras el juicio de Fujimori promete ser una prueba de fuego para la nueva legislación y el compromiso del país en la lucha contra la corrupción.
