El Gobierno peruano ha intensificado sus gestiones diplomáticas y policiales para lograr que Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, presunto autor intelectual y material de la masacre de 13 trabajadores en una mina de oro en Pataz, sea expulsado de Colombia y enfrente a la justicia en Lima. Así lo confirmaron autoridades de alto nivel, incluyendo al canciller Elmer Schialer, tras la reciente detención del sospechoso en Medellín.
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En conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Schialer explicó que el Ejecutivo busca que el retorno de Rodríguez Díaz se concrete a través de la figura de la expulsión y no por extradición, ya que este último proceso judicial suele ser más largo y complejo. “Queremos que haya una forma expedita de tener acceso a este señor”, señaló el canciller, aunque precisó que la decisión final corresponde a las autoridades colombianas y a su marco legal.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara Medrano, indicó que se ha encargado al superintendente de Migraciones encontrar el mecanismo más ágil para el traslado del detenido. El ministro del Interior, Carlos Malaver, destacó la estrecha colaboración entre la Policía Nacional del Perú y la Policía Nacional de Colombia, que permitió la ubicación y captura de Rodríguez Díaz tras la emisión de una alerta roja internacional.
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La detención de Cuchillo se produjo en una vía pública de Medellín, gracias a la alerta de Interpol y la cooperación policial binacional. Rodríguez Díaz es investigado por el delito de homicidio agravado, tras ser sindicado como uno de los principales responsables de la matanza ocurrida a inicios de mayo en la provincia de Pataz, una zona golpeada por la minería ilegal y la violencia criminal.
La Fiscalía peruana también investiga a su pareja sentimental, Liliana Pizan, detenida en el barrio 5 del distrito de Alto Trujillo, provincia de Trujillo, por el delito de obstrucción de la justicia. Ambos son señalados como presuntos miembros de una organización criminal dedicada a actividades ilícitas en la región.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, remarcó que la lucha contra la criminalidad en Pataz es una prioridad del gobierno, con el objetivo de devolver la tranquilidad a la ciudadanía. «Es fundamental que la fiscalía y los jueces actúen a la altura de las circunstancias para determinar la responsabilidad de los implicados”, enfatizó.
En ese sentido, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, anunció que este viernes se desplazará a Pataz para supervisar las acciones de seguridad y el despliegue de 500 efectivos de las fuerzas especiales del Ejército, como parte de un plan integral para combatir a las bandas criminales que operan en la zona.
