Paraguay atraviesa una de sus mayores crisis institucionales de los últimos años. El detonante fue la intervención de Ueno Bank, una de las entidades financieras más populares del país, luego de que el Banco Central del Paraguay detectara una grave insuficiencia en su índice de solvencia.
La medida paralizó los servicios de la entidad y dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus cuentas.
El problema se extendió rápidamente porque Ueno Bank no solo administraba ahorros de personas y empresas. También concentraba recursos públicos, inversiones del Instituto de Previsión Social y el pago de pensiones de miles de jubilados.
La crisis financiera se convirtió en una crisis política cuando las investigaciones pusieron nuevamente bajo la lupa los vínculos entre el banco, el Banco Central y sectores relacionados con el Gobierno de Santiago Peña.
El presidente anunció su renuncia en medio del escándalo. Sin embargo, su salida no se concretó de inmediato. La Cámara de Diputados aprobó la apertura de un juicio político y una sesión del Congreso para votar la dimisión quedó sin quórum después de que legisladores del Partido Colorado abandonaran el pleno.
¿Qué pasó con Ueno Bank?
El Banco Central del Paraguay anunció la intervención de Ueno Bank y el inicio de un procedimiento de resolución. La decisión se tomó después de comprobar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.
En la práctica, la intervención significó que los servicios del banco quedaron inactivos y que sus sucursales fueron cerradas. La autoridad monetaria aseguró que el objetivo era proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.
La medida afectó a aproximadamente 2,9 millones de clientes, según reportes oficiales. La cifra convirtió el caso en un problema nacional, porque el banco tenía una amplia presencia entre usuarios particulares, empresas y organismos estatales.
El Banco Central activó el Fondo de Garantía de Depósitos. Este mecanismo cubre hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a unos 228,3 millones de guaraníes o aproximadamente US$ 38.622 por persona natural o jurídica.
Además, el BCP anunció que los ahorristas recibirían inicialmente hasta 10 millones de guaraníes, cerca de US$ 1.675, mientras avanzaba el proceso de resolución.
¿Por qué colapsó Ueno Bank?
La causa inmediata señalada por el Banco Central fue el deterioro de la solvencia. La entidad ya no contaba con el nivel mínimo requerido para operar con normalidad y afrontar sus obligaciones dentro de los parámetros regulatorios.
El problema, sin embargo, no apareció de un día para otro. La crisis se venía gestando desde meses atrás y estaba relacionada con el crecimiento acelerado de Ueno Bank, su exposición a inversiones de gran tamaño y las dudas sobre la supervisión de la entidad.
Ueno nació a partir de Financiera El Comercio, fundada en 1976. A finales de 2023 se transformó en banco, poco después de la llegada de Santiago Peña a la Presidencia y de Carlos Carvallo Spalding al Banco Central.
Tras su ingreso al mercado bancario, la entidad empezó a captar depósitos de organismos públicos. Esa expansión llamó la atención de sectores políticos y empresariales, sobre todo por los antecedentes de algunos funcionarios vinculados con el proceso de autorización y supervisión.
Carlos Carvallo había encabezado la Financiera Ueno antes de asumir la presidencia del Banco Central en 2023. Tras la intervención, renunció a su cargo. La Fiscalía también abrió una investigación contra los principales directivos del banco.
Fondos públicos quedaron atrapados en el banco
El caso no afectó únicamente a los clientes particulares. El Instituto de Previsión Social mantenía alrededor de US$ 355 millones invertidos en Ueno Bank.
Estas colocaciones representaban cerca del 9 % de la cartera total del IPS. Los recursos estaban distribuidos en certificados de depósito de ahorro y bonos financieros. El instituto también utilizaba a Ueno Bank para gestionar el pago de pensiones de aproximadamente 32.000 jubilados.
En el banco también se encontraban fondos de entidades públicas como la Administración Nacional de Electricidad y la represa binacional de Itaipú.
La presencia de dinero estatal elevó la preocupación. Ya no se trataba solo de determinar cómo recuperar los ahorros de los clientes, sino de establecer quién autorizó las inversiones, qué controles se aplicaron y si las entidades públicas asumieron un riesgo excesivo al colocar sus recursos en Ueno.
¿Qué relación tenía Santiago Peña con Ueno?
La situación política se agravó por las versiones sobre los vínculos previos de Santiago Peña con inversiones relacionadas con Ueno Holding.
Peña negó tener relación con Ueno Bank y declaró anteriormente que había sido inversor en una empresa que luego se convirtió en Ueno Holding, pero que no tenía participación en el banco como tal. El mandatario vendió esas inversiones en abril de 2025.
Aunque la relación empresarial habría terminado antes del colapso, el antecedente se convirtió en un elemento central de la discusión política.
La oposición cuestionó si el Gobierno conocía la situación financiera del banco, por qué se permitió que captara fondos públicos y si existieron conflictos de intereses en la supervisión.
En medio de la crisis, Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia mediante un video difundido en redes sociales. La decisión fue interpretada como un intento de evitar un juicio político en el Congreso.
La dimisión podía otorgarle el privilegio constitucional de convertirse en expresidente y senador vitalicio. Sus críticos sostuvieron que ese escenario podía dificultar una eventual investigación política o penal.
Sin embargo, la maniobra no resolvió la crisis. La Cámara de Diputados aprobó la apertura de un juicio político contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana.
Posteriormente, el Congreso debía votar si aceptaba o no la renuncia presidencial. La sesión quedó sin quórum luego de que los diputados del Partido Colorado abandonaran el pleno. Como consecuencia, la dimisión quedó sin una aceptación formal y Peña permaneció en el cargo, mientras avanzaba el proceso político.
La situación dejó al país ante una doble incertidumbre: una financiera, por el futuro de los depósitos y los fondos públicos, y otra institucional, por la continuidad del Gobierno.
¿Qué investiga la Fiscalía?
La Fiscalía abrió una investigación luego de que el Banco Central presentara una denuncia contra los directivos de Ueno Bank.
El expediente, según informaron medios paraguayos, supera las 200 páginas y contiene alrededor de 2.000 hojas de anexos técnicos y probatorios.
La investigación busca determinar si existieron delitos financieros, irregularidades administrativas, falsedad documental, ocultamiento de información u otras conductas relacionadas con la pérdida de solvencia de la entidad.
El principal accionista y uno de los fundadores de Ueno Bank, Miguel Vásquez, se entregó a la Justicia junto con seis directivos. Otros representantes de la entidad también fueron convocados por las autoridades.
La intervención de Ueno provocó protestas en Asunción. Cientos de personas acudieron a las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes para exigir el desbloqueo de sus cuentas y cuestionar la gestión del Gobierno.
Los manifestantes también reclamaron que el Congreso no aceptara la renuncia de Peña y que el presidente enfrentara un juicio político por sus presuntos vínculos con el banco.
El Banco Central sostuvo que la crisis de Ueno Bank era un caso puntual y no representaba una condición generalizada del sistema financiero paraguayo.
La Asociación de Bancos del Paraguay también defendió la solvencia y liquidez del sistema. José Brítez, vicepresidente de la organización, afirmó que el resto de las entidades continuaba operando con normalidad y descartó un riesgo de contagio inmediato.
La Unión Industrial Paraguaya pidió, sin embargo, esclarecer los hechos y renovar las autoridades del Banco Central. El gremio reclamó una investigación sobre posibles negligencias en la supervisión de Ueno Bank.
¿Por qué el caso Ueno es la mayor crisis reciente de Paraguay?
- Primero, afectó a una entidad con aproximadamente 2,9 millones de clientes.
- Segundo, comprometió cientos de millones de dólares de fondos públicos.
- Tercero, alcanzó al Instituto de Previsión Social y al pago de pensiones.
- Cuarto, involucró a directivos del Banco Central y a personas vinculadas con el origen de la entidad.
- Quinto, provocó una crisis presidencial con anuncio de renuncia y apertura de juicio político.
¿Qué viene ahora en Paraguay?
El futuro inmediato depende de tres procesos paralelos.
El primero es la resolución de Ueno Bank y la devolución de los fondos a los depositantes. El segundo es la investigación fiscal contra los directivos y las personas que pudieran haber participado en las presuntas irregularidades.
El tercero es la definición política sobre Santiago Peña y el resultado del juicio político en el Congreso.
El Banco Central deberá informar cómo se transferirán los activos y pasivos de Ueno, qué entidades podrían asumir parte de sus operaciones y cuándo los clientes recuperarán los montos que excedan la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos.
La Fiscalía deberá determinar si la caída del banco fue consecuencia de una mala gestión, de decisiones financieras ilegales, de fallas de supervisión o de una combinación de esos factores.
El Congreso, por su parte, deberá resolver si continúa con el juicio político. Mientras tanto, el Gobierno enfrenta el costo político de una crisis que ya llegó a las calles.
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