El Congreso de la República ha desatado un riesgo histórico para las finanzas públicas mediante una conducta legislativa caracterizada por la aprobación masiva de leyes de gasto, el uso recurrente del mecanismo de insistencia para sortear observaciones técnicas y el desdén por los principios de responsabilidad fiscal.
Esta es la conclusión central de un contundente informe del Consejo Fiscal (CF), que advierte que esta práctica ha puesto en jaque la estabilidad macroeconómica del país.
El CF es un organismo técnico y autónomo que supervisa la sostenibilidad de las finanzas públicas peruanas. Presidido por el economista Alonso Segura —exministro de Economía— emite informes independientes sobre políticas fiscales, evalúa riesgos y promueve la transparencia en la gestión económica del Estado.
Aceleración legislativa sin sustento técnico
Según el análisis del CF, desde agosto de 2021 el Legislativo ha promulgado 229 leyes con impacto fiscal negativo, una cifra que triplica con creces el promedio de los tres periodos parlamentarios previos.
Este volumen representa el 33 % de todas las leyes promulgadas en el país desde 2006.
El Consejo Fiscal es un organismo técnico y autónomo que supervisa la sostenibilidad de las finanzas públicas peruanas. Presidido por el economista Alonso Segura —exministro de Economía— emite informes independientes
«Durante el actual período parlamentario, el Congreso ha aprobado en promedio más del triple de leyes con impacto fiscal adverso que en los 15 años previos», señaló el organismo.
El mecanismo de insistencia
Uno de los hallazgos más críticos es el uso intensivo de la insistencia para promulgar leyes a pesar de las observaciones técnicas del Poder Ejecutivo.
El Congreso ha promulgado 221 leyes por esta vía desde 2021 (44 por año), multiplicando por siete el promedio anual de periodos anteriores. El 44% de todas las leyes con impacto fiscal en este periodo se aprobaron ignorando estos reparos.
El mecanismo de insistencia legislativa permite al Congreso peruano promulgar leyes sin acuerdo del Ejecutivo, al aprobar por segunda vez un proyecto que había sido observado. Esta figura, aunque constitucional, se ha utilizado para imponer normas con impacto fiscal sin considerar las objeciones.
El costo de esta conducta es abrumador: las 101 leyes promulgadas por insistencia en el presente período legislativo tendrían un costo fiscal anual conjunto mayor a los S/36 000 millones.
Esta cifra es aproximadamente 65 veces superior al costo de las leyes promulgadas por esta misma vía entre 2006 y 2021.
Impacto concreto en las cifras fiscales
El desglose del impacto es el siguiente:
- Costo inmediato: cinco leyes promulgadas desde agosto de 2024 generarían un costo fiscal adicional de S/22 000 millones anuales (1.8 % del PBI).
- Composición del gasto: El 79 % de las leyes (181) implica un incremento del gasto público; el 17 % (38 leyes) reduce ingresos fiscales mediante beneficios tributarios; y el 4 % restante afecta finanzas de gobiernos subnacionales.
Congreso: futuro comprometido
Las proyecciones del CF pintan un escenario macroeconómico alarmante. Si se implementan las leyes ya aprobadas, la deuda pública superaría el 47 % del PBI en 2036. Sin embargo, el riesgo es aún mayor.
Existen 352 iniciativas legislativas aún en trámite que, de ser aprobadas, añadirían presiones fiscales colosales. Si se concretan las 53 iniciativas con costo ya cuantificado:
- El déficit fiscal promedio (2026-2036) se dispararía al 5.8 % del PBI, frente a un 1% proyectado oficialmente.
- La deuda pública podría alcanzar el 70 % del PBI en 2036, superando por más del doble el límite legal del 30%.
Llamado al Tribunal Constitucional
El informe del Consejo Fiscal, también, responsabiliza al Poder Ejecutivo por su pasividad, al haber omitido observar más de la mitad de las leyes con impacto fiscal y haber interpuesto solo 3 acciones de inconstitucionalidad desde 2021.
Ante esta crisis, el CF hizo un llamado enérgico a que el Ejecutivo utilice todas las herramientas legales para defender la sostenibilidad fiscal y al Tribunal Constitucional para que garantice el cumplimiento de la Carta Magna, ofreciéndose a actuar como amicus curiae (tercero ajeno a un proceso judicial que ofrece al tribunal información, análisis o asesoramiento legal).
Ejecutivo utilice todas las herramientas legales para defender la sostenibilidad fiscal y al Tribunal Constitucional para que garantice el cumplimiento de la Carta Magna.
“Exhortamos al TC a garantizar el cumplimiento efectivo de la prohibición constitucional que impide al Congreso aprobar normas que generen gasto público sin coordinación con el Poder Ejecutivo, concluye el comunicado del CF.
Contra el Consejo Fiscal
El congresista Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso, contraatacó las advertencias del Consejo Fiscal. El parlamentario calificó sus análisis de «sesgados».
Responsabilizó a los exministros que integran el organismo —como Luis Carranza y Alonso Segura— de la crónica baja recaudación tributaria.
«Estos exministros nunca ampliaron la base tributaria. Su política fue siempre apretar a los formales mientras permitían que no se recaudara lo suficiente», afirmó López, desviando la atención sobre el impacto fiscal de las leyes aprobadas por el Legislativo.
