Para el Instituto Peruano de Economía (IPE), la formalización minera “es una política fallida” y detalló que las “múltiples prórrogas han favorecido la expansión de la minería ilegal en zonas protegidas”.
Sin embargo, la tarde del martes, 18 de noviembre (con 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención) la Comisión de Energía y Minas del Congreso de La República, aprobó el dictamen que establece una prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por dos años más: hasta el 31 de diciembre, de 2027.
La medida también contempla la reincorporación excepcional de más de 50.000 mineros artesanales que fueron excluidos en julio del presente año por no cumplir requisitos mínimos. Para el IPE “legitimará las operaciones de miles de mineros informales e ilegales, incluyendo aquellas en zonas restringidas para toda actividad minera”.
Al menos, 13 mil Reinfos se ubicaban en áreas naturales, zonas arqueológicas, entre otras áreas restringidas (Tambopata, Madre de Dios; el río Chira, Piura; las Líneas de Nazca, Ica). Sin embargo, entre sus motivaciones, la Comisión de Energía y Minas concluye que “la propuesta es viable, oportuna y necesario, dado que fortalece la gobernanza del sector, evita retrocesos hacia la ilegalidad, reduce la incertidumbre normativa y proporciona los insumos indispensables para una futura Ley MAPE verdaderamente ejecutable y basada en evidencia».
Stephani Mayta, economista senior del IPE, considera que “actualmente no existen condiciones reales para una formalización efectiva de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE)”.
Desde su creación, en 2017, el Reinfo es prorrogado por sexta vez, debido a la presión social de los mineros y la presión política de actores involucrados. “En la práctica, el Reinfo se ha convertido en un salvoconducto para actividades que siguen operando fuera del marco legal”, sostiene Mayta.
También explica que “no puede hablarse de una verdadera estrategia de formalización si no existen plazos definidos, metas verificables y un acompañamiento técnico efectivo para los mineros que sí desean cumplir con la normativa”.
El Poder Ejecutivo tiene 60 días para adecuar el Reglamento del REINFO y emitir disposiciones complementarias. Asimismo, los gobiernos regionales deberán transferir al MINEM el acervo documental del proceso de formalización minera en un plazo similar.
