Magaly Rosmery Ruíz Rodríguez es la última autoridad electa por Alianza Para el Progreso (APP) en el ojo de la tormenta. La congresista por La Libertad —ahora de licencia de su partido tras el escándalo de corrupción en el que está envuelta— fue acusada de cobrar cupos a un extrabajador de su despacho en el Parlamento.
La grave denuncia la presentó Carlos Marina Puscán, quien fue su auxiliar en la Comisión de Protección a la Infancia del Congreso de la República. Trabajó para la parlamentaria desde el 14 de febrero del 2022 y percibía ingresos de 4200 soles, entre sueldo y bono de alimentación.
El denunciante indicó que Jhonny Romero, asesor principal y hombre de confianza de la congresista, le exigió “un aporte voluntario” de 1500 soles por concepto de caja chica, dinero que sería usado en ayudas sociales.
Deslinde vulgar
Horas después de conocerse esta grave acusación, Alianza Para el Progreso emitió un comunicado rechazando “cualquier acto de corrupción” y exhortó a Magaly Ruíz a “esclarecer la denuncia en su contra”.
En realidad, el partido de Acuña hace lo que mejor sabe hacer cuando una de sus autoridades está inmersa en presuntos actos de corrupción o es sentenciada por este delito: deslindar de cualquier responsabilidad.
Hizo lo mismo con Róger Quispe Rosales, exalcalde distrital de Moche, sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión por el delito de colusión (corrupción).
También actuó de la misma forma tras las sentencias firmes contra Carlos Vásquez Llamo y Daniel Marcelo Jacinto, exburgomaestres de Víctor Larco y Trujillo (ambos por corrupción); el excongresista y general del Ejército (r) Edwin Donayre Gotzch (sentenciado a prisión por el caso Gasolinazo); Benicio Ríos Ocsa (preso por corrupción), el expremier César Villanueva Arévalo (con arresto domiciliario por el caso Odebrecht) y el también exlegislador Freddy Díaz Monago (inhabilitado por presuntamente violar a una trabajadora del Congreso en su despacho), entre otros.
APP en el ojo de la tormenta
De acuerdo con el portal otorongo club, que recoge información entregada por los candidatos durante las elecciones regionales y municipales 2022, el partido de César Acuña fue la segunda agrupación política con más postulantes con antecedentes penales y de obligaciones.
El partido de Acuña hace lo que mejor sabe hacer cuando una de sus autoridades está inmersa en presuntos actos de corrupción o es sentenciada por este delito: deslindar de cualquier responsabilidad
En total, APP registró 1134 sentencias de sus aspirantes a cargos públicos de elección popular, por detrás de los 1200 antecedentes que acumula el partido Somos Perú.
“Quienes se encargaban de armar las listas para el Congreso fueron los responsables políticos regionales. Ellos enviaban la lista a Lima, para evaluar los currículos. Hemos inscrito a los candidatos cumpliendo la Ley Electoral. Después, nos hemos dado con la sorpresa de que había muchos que nos han engañado, nos han sorprendido, nunca nos dijeron que tenían juicios. En el sistema que manejaba el partido y el JNE no aparecía. Cuando la fiscalización ha comenzado a funcionar, han aparecido los candidatos que nos están haciendo quedar mal como partido”, justificó el entonces candidato presidencial y líder de APP, César Acuña Peralta.
“Todos los corruptos van a ir a la cárcel. No les voy a perdonar que roben la plata de los peruanos. Tengo la autoridad moral y no voy a permitir que roben la plata de los peruanos”, repite el actual gobernador de La Libertad cada vez que lo cuestionan por las autoridades o militantes apepistas involucrados en diversos delitos.
¿Otorongo no come otorongo?
Pese al escándalo mediático, ninguno de los congresistas que integra la bancada regional de La Libertad se pronunció sobre la grave denuncia contra Magaly Ruiz. BuenaPepa trató de contactarlos vía telefónica a cada uno de los representantes liberteños en el Parlamento, sin embargo, no atendieron nuestras llamadas.
¿Qué le espera a Magaly Ruíz?
Al ya no gozar de la inmunidad parlamentaria, Magaly Ruíz podría ser denunciada por delitos comunes sin que el Congreso lo impida o retrase la investigación. Carlos Talledo Manrique, abogado constitucionalista, explicó que la Corte Suprema sería la que deberá dirigir el caso, previa diligencia de la Fiscalía Suprema.
“El artículo 93 de la Constitución fue modificado en el 2021 y con eso se eliminó la figura de la inmunidad parlamentaria. Lo que ahora establece ese artículo es que cualquier congresista denunciado por delitos comunes debe ser dirigido por la Corte Suprema. El Ministerio Público tiene que determinar los delitos incurridos”, afirmó.
Talledo Manrique indicó que la congresista por La Libertad habría incurrido en dos delitos: concusión y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo al artículo 382 del Código Penal, el delito de concusión se establece cuando un funcionario abusa de su cargo para obligar o inducir a una persona a fin de obtener un beneficio patrimonial. Este se sanciona con penas de cárcel de tres a 10 años.
En tanto, el artículo 401 del Código Penal establece las sanciones por el delito de enriquecimiento ilícito. “El funcionario que abusa de su cargo e incrementa ilícitamente su patrimonio será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de 10 años”.
“En mi opinión, ella podría ser denunciada por esos dos delitos, y no requiere de mayor trámite que el que haga la Fiscalía suprema. Los congresistas ya no tienen la inmunidad parlamentaria. Que la Comisión de Ética vea el caso es un tema interno, ella puede ser denunciada directamente sin problemas”, reforzó Talledo Manrique.
Tibio descargo
En tanto, Magaly Ruíz salió a brindar declaraciones, pero no atendió a la prensa. A través de Twitter negó estar detrás de los cobros irregulares a sus trabajadores. “Sin ningún temor a esclarecer los hechos, he solicitado dejar de integrar la Comisión de Ética para evitar cuestionamientos a la objetividad de la investigación”, tuiteó.
Esta tarde citó a los periodistas, pero solo atinó a atacar a su extrabajador. “Está haciendo esto porque desea su reincorporación, es un tema de trabajo; pero no lo voy a permitir”, vociferó sin atender las preguntas de la prensa.
Su asesor principal Jhonny Romero brindó declaraciones a RPP Noticias sobre la denuncia presentada por Carlos Marina. “Este señor no es la primera vez que hace este tipo de coacción al Congreso y espero que se ponga firme la congresista, que se ponga firme el Congreso y no acepte este tipo de chantajes, de poner este tipo de calumnias para poder reintegrarse al Congreso. Eso sería darle gusto”, declaró.
Lo que Magaly Ruíz no quiere que sepas
A inicios del 2021, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad formalizó la investigación contra Magaly Ruíz por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso.
Según la tesis de la Fiscalía, la actual congresista habría aprobado desembolsos a favor de empleados de la municipalidad de La Esperanza, donde Ruiz se desempeñó como gerenta municipal durante los años 2015 y 2016.
Esos beneficios incluyeron pagos de aguinaldos (julio y diciembre) aumentando los montos hasta por diez veces más de lo que correspondía a cada trabajador, incluida la misma Magaly Ruíz . Esto habría ocasionado un perjuicio económico a la municipalidad distrital de cerca de 100 000 soles.
