Seis estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, después de que el Poder Judicial dictara cuatro meses de internamiento preventivo en su contra.
La medida corresponde a una investigación por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años ocurrida en un bus escolar, según la información oficial difundida por el Poder Judicial.
La resolución fue emitida por el Tercer Juzgado de Familia de Lima, a cargo de la jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo. El pedido había sido presentado por la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro, que buscaba asegurar la presencia de los adolescentes durante las diligencias del caso.
La decisión no establece que los seis sean culpables. El internamiento preventivo es una medida cautelar. Su finalidad es asegurar el desarrollo de la investigación mientras el Ministerio Público reúne pruebas y el juzgado evalúa, de manera individual, la participación de cada adolescente.
Caso Liceo Naval: ¿cuántos adolescentes fueron intervenidos?
La investigación comenzó con la retención de diez adolescentes de quinto de secundaria. Sin embargo, el requerimiento fiscal que llegó al juzgado alcanzó a seis.
Solo ellos fueron sometidos a la audiencia de internamiento preventivo y trasladados a Maranguita. Los otros cuatro fueron liberados.
El adolescente agraviado cursa el cuarto año de secundaria y tiene 16 años. Por tratarse de un caso que involucra a menores de edad, la identidad de la víctima y la de los investigados debe mantenerse en reserva. La publicación de nombres, rostros, videos o datos que permitan reconocerlos puede exponerlos a daños adicionales y afectar el debido proceso.
Caso Liceo Naval: qué elementos presentó la Fiscalía
La Fiscalía sustentó su pedido con las declaraciones de los adolescentes involucrados, los testimonios de los policías que intervinieron, las declaraciones de los padres que denunciaron el hecho y el reconocimiento médico-legal practicado al adolescente agraviado.
También se informó que la víctima declaró mediante cámara Gesell, un mecanismo utilizado para recoger el testimonio de niños y adolescentes en condiciones que reduzcan la exposición y eviten la repetición innecesaria del relato.
Esa diligencia forma parte de la investigación y debe ser valorada junto con las pericias y demás elementos reunidos por la Fiscalía.
El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima no es un penal administrado por el Instituto Nacional Penitenciario. Es un centro del sistema de justicia juvenil, bajo la administración del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), que trabaja con un enfoque socioeducativo y de reinserción.
Durante los próximos cuatro meses, los seis adolescentes permanecerán privados de libertad mientras avanzan las diligencias. El centro realizará evaluaciones médicas, psicológicas y sociales para determinar las condiciones de atención y el programa que corresponde a cada uno.
El Pronacej informó que los adolescentes ingresaron inicialmente al Programa 1, bajo las mismas condiciones que los demás jóvenes que llegan al centro. Luis Vega, director ejecutivo de la institución, descartó que reciban beneficios especiales por proceder de un colegio particular o por la relevancia pública del caso.
Los equipos técnicos, integrados por psicólogos, trabajadores sociales y abogados, deberán evaluar la situación de cada adolescente. Un eventual traslado a otro centro no es automático.
El Pronacej señaló que tendría que sustentarse en los criterios establecidos por el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente y en los informes técnicos correspondientes.
¿Tendrán visitas y beneficios?
De acuerdo con la información proporcionada por el Pronacej, las visitas familiares para los seis adolescentes están previstas desde la primera semana de octubre, conforme al régimen establecido para los jóvenes del centro. Los familiares autorizados podrán acceder a dos visitas al mes, luego de completar el registro correspondiente.
Durante los primeros días no tendrían comunicación telefónica con sus familiares. Después podrían realizar llamadas bajo las mismas reglas que rigen para los demás adolescentes internados.
Los abogados, en cambio, mantienen un régimen de comunicación vinculado con el derecho a la defensa y pueden acudir al establecimiento previa coordinación con la dirección.
Caso Liceo Naval: qué pasará durante los cuatro meses
El internamiento no detiene la investigación. Durante ese periodo, la Fiscalía deberá continuar con las declaraciones, pericias y diligencias necesarias para reconstruir lo ocurrido el 15 de septiembre. También tendrá que determinar si presenta una acusación formal y qué responsabilidad atribuye a cada adolescente.
El juez podría revisar la medida si cambian las circunstancias del caso. El internamiento preventivo debe mantenerse por el tiempo mínimo necesario para asegurar los fines de la investigación. No se trata de una sanción anticipada ni de una declaración de culpabilidad.
Al final del proceso, el órgano jurisdiccional decidirá si existe responsabilidad penal adolescente. Solo después podría imponerse una medida socioeducativa, que es distinta del internamiento preventivo. Su duración y sus condiciones dependerían de la infracción acreditada, la participación individual y los criterios previstos por la legislación.
Medidas de protección para el adolescente agraviado
En paralelo al proceso contra los adolescentes investigados, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección para el estudiante agraviado. Entre ellas se encuentra la prohibición de que los presuntos agresores utilicen espacios privados o redes sociales para realizar acciones contra él.
El juzgado también ordenó terapias psicológicas obligatorias para los adolescentes investigados y dispuso que la comisaría del sector realice patrullajes semanales en el domicilio de la víctima. Estas medidas son preventivas. Buscan proteger al adolescente durante el desarrollo de las actuaciones, no anticipar una decisión sobre la responsabilidad penal.
La protección debe incluir también la reserva de la identidad, el acompañamiento psicológico especializado y la prevención de cualquier contacto o exposición que pueda generar revictimización. El Ministerio de Educación establece protocolos para recibir denuncias, proteger al estudiante y derivar el caso a las autoridades competentes sin obligarlo a repetir innecesariamente su relato.
