Cada noche en el barrio de San Juan, en Loreto, una madre enciende una vela frente a la foto de su hijo y repite el mismo gesto: toca el marco, pasa el dedo sobre su rostro y se detiene en la fecha que nunca pensó leer: 30 de noviembre de 2024.
Su hijo, un joven de 26 años, se fue a Europa con una mochila, un pasaporte y un contrato ‘de honor’ que firmó en Lima. Lo reclutaron con palabras de libertad, valor y dinero. Nunca llegó a decirle que en Ucrania lo trataron como carne de cañón.
Al menos cinco peruanos enrolados en el Ejército ucraniano han muerto en el conflicto con Rusia desde 2022, según informes de El Comercio desde Kiev.
Además, un sexto compatriota se encuentra desaparecido desde finales de 2022, sin que el gobierno peruano pueda confirmar su paradero con certeza.
En el último año, medios nacionales han dado a conocer al menos dos nuevos casos: Frank Luis Pinedo y Jair Ayachi Sánchez, jóvenes de Loreto que se unieron a las fuerzas ucranianas y fallecieron en combate.
Sus familiares han pedido apoyo al Estado para repatriar sus cuerpos, pero enfrentan demoras y burocracia casi imposible de sortear.
“Cuando mi hijo me habló de la guerra, me dijo que era una oportunidad para sacarnos adelante, que ganaría en dólares y que algún día tendría papeles en Europa. Nunca pensé que lo que firmaba en una oficina de Lima lo llevaría a morir en un campo de barro, lejos de su casa”, confesó, entre lágrimas, la madre de uno de los caídos, en un testimonio recogido por un medio peruano.
Promesas que se quebraron en el frente
Según testimonios recogidos por investigadores y medios latinoamericanos, decenas de peruanos y otros latinoamericanos llegan a Ucrania atraídos por promesas de salarios altos, ciudadanía europea e indemnizaciones millonarias en caso de muerte.
Un informe de la Legión Internacional ofrece hasta 4800 dólares mensuales y compensaciones de hasta 400 000 dólares por fallecimiento. Sin embargo, en la práctica varios combatientes denuncian que solo reciben la mitad de su paga y que los gastos de viaje, uniforme y alojamiento deben asumirlos ellos.
“Al llegar creíamos que era una guerra de héroes, pero nos encontramos en una máquina de muerte donde los latinoamericanos somos los primeros en ir al frente y los últimos en recibir privilegios”, dijo, en condición de anonimato, un excombatiente colombiano entrevistado por un medio español.
Realidad en el frente: altas bajas y desprotección
En el frente, los peruanos y otros latinoamericanos suelen ser enviados a las líneas más duras: misiones de ‘limpieza’ de zonas bajo fuego intenso, avances en territorio minado y operaciones de infantería en zonas de densidad de artillería rusa.
Un especialista en conflictos armados, el politólogo guatemalteco Carlos Mendoza, comentó: “Estos contingentes extranjeros se ven obligados a cubrir los huecos que el ejército ucraniano no puede llenar con sus propios ciudadanos; por eso las bajas entre mercenarios son altísimas y las misiones se vuelven casi suicidas”.
Negocios de la muerte y reclutamiento en Perú
Investigaciones periodísticas señalan que empresas militares privadas como Idronewall y otras compañías con sedes en Latinoamérica han facilitado la marcha de peruanos a Ucrania a través de contratos de “protección” y servicios de intermediación.
En Chorillos, distrito de Lima, se localiza una sucursal de Idronewall que funciona como puerta de entrada para reclutar a jóvenes dispuestos a ir “por su cuenta” a luchar en primera línea.
Un exmercenario peruano, quien prefirió no revelar su nombre, afirmó que te ofrecen un contrato con letras pequeñas. «Aseguran que te cubrirán seguro y repatriación, pero cuando llegas al frente te das cuenta de que nadie responde tus llamados”, confiesa.
¿Qué futuro para los sobrevivientes?
A los peruanos que logran regresar con vida los persigue el riesgo de ser señalados o incluso atacados por actores vinculados a Rusia, que han demostrado capacidad de localizar a extranjeros que participaron en el conflicto.
Un relator de la ONU sobre los mercenarios, advirtió: “El mercenario que sobrevive no encuentra estatus legal claro en su país de origen; muchas veces es visto como un traidor o un aventurero, y ni siquiera el Estado le reconoce su participación en el conflicto”.
Frente a ese escenario, los familiares de los caídos enfrentan un limbo de burocracia militar y diplomática, con escaso acompañamiento del Estado peruano para repatriar cuerpos o reclamar compensaciones.
“Lo único que nos piden es paciencia, pero nosotros lo que queremos es traer a nuestros hijos, aunque sea convertidos en cenizas”, expresó, entre sollozos, una madre de Dos de Mayo, cuyo hijo aún no ha sido repatriado.
