El debate sobre cambios al régimen de concesiones mineras en el Congreso abre un nuevo frente de preocupación para las regiones. Especialistas advierten que las modificaciones propuestas podrían afectar directamente el canon minero, una de las principales fuentes de financiamiento de obras públicas en el país.
Canon minero en riesgo
De acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas, en 2025 las transferencias por canon, regalías y otros conceptos superaron los 10,045 millones de soles. De ese total, el canon minero representó más de 6,992 millones y las regalías alrededor de 2,687 millones.
Estos recursos financian proyectos clave como carreteras, hospitales, colegios y sistemas de agua potable en distintas regiones. En algunos casos, representan hasta el 70 % o 80 % del presupuesto de gobiernos regionales y municipales.
Regiones como Áncash, Arequipa, Moquegua y Tacna figuran entre las principales beneficiadas por estas transferencias.
Cambios que generan alerta
Las propuestas en discusión apuntan a modificar las condiciones de las concesiones mineras, incluyendo la reducción de plazos, el incremento de costos y mayores exigencias regulatorias.
Según el Instituto Peruano de Economía, este tipo de medidas podría desincentivar la inversión minera, lo que tendría un efecto directo en la producción y, por ende, en la recaudación del impuesto a la renta.
El canon minero equivale al 50 % de este impuesto que pagan las empresas del sector. Por ello, una menor producción implicaría menos recursos para las regiones.
Proyectos más lentos
Otro factor que agrava el escenario es el tiempo que toma desarrollar proyectos mineros. El IPE señala que actualmente un proyecto puede tardar hasta 45 años desde su descubrimiento hasta su puesta en operación.
Este plazo casi se ha duplicado en las últimas décadas debido a demoras en permisos, conflictos y costos operativos.
En ese contexto, especialistas consideran que endurecer las condiciones de concesión podría retrasar aún más las inversiones y frenar nuevos proyectos.
Impacto en obras públicas
El efecto de estas medidas no sería inmediato, pero sí progresivo. Menos proyectos en producción significan menos ingresos por impuesto a la renta, lo que se traduce en una reducción del canon minero.
Esto impactaría directamente en la ejecución de obras públicas en regiones, afectando sectores clave como salud, educación e infraestructura.
El debate continúa en el Congreso de la República, mientras distintos actores del sector advierten que cualquier cambio en las reglas de juego debe equilibrar la promoción de inversiones con el desarrollo sostenible de las regiones.
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