“Las discapacidades no definen mi valía,
pues en mi corazón, el amor siempre guía.
Mi pluma dibuja versos de esperanza y fe,
y en cada estrofa, encuentro mi libertad”.
Sofía (nombre otorgado para proteger su identidad) tiene siete años y padece discapacidad intelectual (síndrome de Down) – persona que no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana – por esta condición, fue discriminada en los colegios de El Porvenir.
Lejos de casa y de su presencia, su padre, un reo del penal de varones El Milagro de Trujillo, rompió el silencio y, en una forma de redimirse con su hija, hizo justicia: logró que sea matriculada.
Desde que tuvo edad para ir al colegio, Sofía fue víctima, en forma y fondo, de discriminación por padecer discapacidad intelectual. La Defensoría del Pueblo llegó al fondo de este asunto luego de que, en una visita al establecimiento penitenciario, tomara el testimonio de su padre.
En el mundo de los libres, su madre hizo múltiples y denodados esfuerzos por matricularla en una escuela pública; sin embargo, navegó en la corriente de uno de los principales problemas de la educación peruana: en ninguna escuela pública del distrito zapatero la aceptaron debido a “restricciones por parte de los directores de los colegios”, explicó la Defensoría del Pueblo de La Libertad, en un comunicado.
En la antítesis, C. Lewis escribrió: “La tarea del educador moderno no es talar selvas, sino regar desiertos”.
La Defensoría del Pueblo catalogó el hecho como “alarmante y reveló una grave afectación del derecho a la educación inclusiva, garantizado por la Constitución Política del Perú y las normas del sector educación”.
Dicha institución intervino ante la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N.° 01 – El Porvenir, para asegurar que la niña pueda acceder al sistema educativo peruano y permanezca en una escuela pública, bajo las mismas oportunidades de aprendizaje que cualquier otro estudiante de su edad.
Sobren este problema, Katherine Britto, psicóloga educacional, explica: “si bien todas y todos los estudiantes tienen la capacidad y el derecho de aprender y demostrar sus talentos en las escuelas, por mucho tiempo las personas con discapacidad han sido excluidas y segregadas del sistema educativo, debido a los estereotipos y prejuicios que la sociedad ha construido sobre ellas y ellos”.
Resalta que “las personas con discapacidad intelectual (como Sofía), presentan una serie de barreras que limitan su posibilidad de acceder a escuelas regulares; por ejemplo: se les condiciona la matrícula, se les incluye de manera parcial, algunos docentes se niegan a realizar ajustes razonables o a planificar sus sesiones de clase basándose en un diseño universal del aprendizaje (DUA)”.
Cifras de la discriminación
Lamentablemente, Sofía representa a los miles de menores con discapacidad que no pueden acceder a la educación básica especial.
El Informe “Mecanismo Independiente de Discapacidad”, de la Defensoría del Pueblo, 2023, señaló serias barreras para la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo peruano:
“El 88 % de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en edad escolar no están en el sistema educativo y quienes acceden a la educación enfrentan diversas barreras que impactan en el logro de los aprendizajes y en la posibilidad de acceder a la educación superior”.
“Asimismo, las metas e indicadores de las políticas públicas revelan insuficiente compromiso con las personas con discapacidad”.
El panorama es histórico: en 2019, solo 90,490 de 756,499 estudiantes con discapacidad fueron incluidos dentro del sistema educativo.
En ese periodo, en La Libertad, de las 37,212 personas con discapacidad en edad escolar, solo 4,499 fueron registradas en el sistema educativo; es decir, 32,713 no tuvieron acceso, lo que representó una brecha del 88%, según la Defensoría del Pueblo. Los indicadores se repitieron en 2023 y se repetirán en 2024.
Normas encadenadas
Si se cumplieran las normas que protegen a las personas con discapacidad, Sofía no hubiera experimentado discriminación en los colegios de El Porvenir.
Según la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973), se considera un acto de discriminación como “muy grave”, atentar contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en especial la educación.
Además, establece que los colegios públicos y privados que nieguen el acceso o permanencia de estudiantes con discapacidad sean sancionados hasta con a S/77,250.00, el equivalente a 15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Sin embargo, los colegios que discriminaron a Sofía no han sido denunciados (ni de oficio), lo que induce a la normalización de esta mala praxis.
Por otro lado, la Resolución Ministerial 447-2020-MINEDU establece que las instituciones dispongan de dos vacantes por aula.
Canales de denuncia
Si su hijo con discapacidad no fue aceptado en las instituciones educativas, o le exigieron realizar un pago adicional por acondicionamiento de aula, puede denunciar a través de portal Identicole, o llamar a la línea gratuita 1866, para que puedan recibir orientación legal gratuita por parte de especialistas de la Red Alivia Perú.
