El 15 de septiembre, un bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja regresaba de un campeonato interliceos de futsal.
Dentro iban alumnos de quinto de secundaria, algunos docentes y, según la denuncia que el padre del menor presentó al día siguiente en la comisaría de San Borja, algo que ningún adulto presente evitó: la presunta agresión sexual de un alumno de 16 años por parte de un grupo de sus compañeros.
Al día siguiente, el padre presentó la denuncia. La Policía fue al colegio. Diez menores fueron intervenidos. Y empezó a deshacerse una historia que, según las voces que han ido apareciendo en las últimas horas, no empezó el 15 de septiembre.
La Séptima Fiscalía de Familia de Lima lleva la investigación. El adolescente agredido ya pasó por medicina legal y en su declaración ante el Ministerio Público señaló que anteriormente había sufrido episodios de bullying dentro de la institución.
La ministra de la Mujer, María Seminario, indicó que el traslado se realizó con presencia de docentes y pidió establecer las responsabilidades que correspondan. El Programa Nacional Warmi Ñan brinda acompañamiento legal y psicológico a la víctima y su familia.
Violación en el Liceo Naval: quién sabía qué y desde cuándo
Lo que convierte este caso en algo más que un hecho grave y aislado es la serie de señales que existían antes del 15 de septiembre y que, según las declaraciones recogidas en las últimas horas, no llegaron donde tenían que llegar.
La víctima declaró ante la Fiscalía que ya sufría bullying con anterioridad a la presunta agresión. El director regional de Educación confirmó que el menor hizo referencia a estos episodios durante su declaración ante el Ministerio Público.
Giovana León, docente del Liceo Naval, reveló que había advertido en ocasiones anteriores sobre situaciones de bullying dentro de la institución. Afirmó que suele acudir al plantel en enero, cuando hay cambios de dirección, para transmitir información relevante sobre la convivencia escolar.
«Hay personas, hay autoridades que escuchan, sí, pero al ser esto algo interno, a veces los espacios o la burocracia hace que la información no llegue correctamente», declaró.
Pese a estas alertas, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, respondió que no tenían ningún reporte previo de bullying relacionado con el adolescente.
«Hay que ir a ver por qué ha llegado a este hecho. Porque hay un hecho que se puede haber estado dando, el efecto del bullying dentro de los niños, y no se ha controlado», sostuvo.
Lo que sigue: Maranguita, no penal, y clases remotas
Los diez menores involucrados son adolescentes. Eso significa que no pueden ser enviados a un penal de adultos, independientemente de la gravedad de los hechos que se les impute.
Si la Fiscalía determina responsabilidad penal y el proceso concluye en una condena, los menores serían internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.
Mientras dure el proceso, los diez menores intervenidos recibirán sus clases de forma remota. La medida busca garantizar que no pierdan el año escolar durante las diligencias, al mismo tiempo que se mantiene su separación del entorno del colegio mientras la investigación avanza.
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