Una camioneta de alta gama, con cuatro cadáveres en su interior, interrumpió la calma dominical en pleno centro de Trujillo. Apenas a dos cuadras de la sede de la División de Investigación Criminal (Divincri) y frente a la antigua sede de Seguridad del Estado —el conocido edficio El Ovni—, un comando fuertemente armado interceptó el vehículo, ejecutó a todos sus ocupantes y secuestró al presunto objetivo principal de la emboscada: un empresario minero.
De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el hombre raptado fue identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, un comerciante dedicado a la compra y venta de mineral aurífero, originario del distrito de Chillia, en la provincia liberteña de Pataz.
Trujillo: «Agentes de élite»
Eran cerca de las cuatro de la mañana cuando una camioneta blanca cerró el paso al vehículo en que viajaban las futuras víctimas, a la altura de la cuadra cuatro de la avenida Húsares de Junín.
Un vídeo registrado por un testigo del atentado evidencia que los atacantes vestían chalecos e indumentaria con insignias del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Los delincuentes usaron fusiles de guerra y actuaron con precisión militar para neutralizar la unidad vehicular. Acribillaron a cuatro personas: dos mujeres y dos varones.
Las víctimas fueron identificadas como Farhad Andrea Monzón Lingán, señalada en los informes preliminares como la pareja sentimental del empresario, y Nadia Edith Urtecho Rodríguez; ambas jóvenes menores de 23 años y vinculadas a la promoción de eventos nocturnos en la capital liberteña.
Junto a ellas murieron Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez. Fuentes de BuenaPepa informaron que trabajan para una empresa de seguridad y brindaban servicio de resguardo al empresario minero.
Este violento ataque también se ejecutó en una fecha con un peso simbólico brutal: 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Tambié reaviva el debate sobre la efectividad de los planes de contención frente a las redes de extorsión, minería ilegal y sicariato que operan en La Libertad, al tiempo que pone bajo la lupa las declaraciones de los mandos de la III Macro Región Policial respecto a la presencia y control del crimen organizado en la ciudad.
