El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori juró como presidenta del Perú y prometió que en sus primeros cien días de gobierno iniciaría una transformación profunda en materia de seguridad ciudadana.
Anunció el Plan Escudo —un despliegue de efectivos policiales y militares en los puntos críticos de extorsión y violencia urbana— y solicitó facultades delegadas al Congreso para legislar en emergencia.
Dieciséis días después, los datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) del Ministerio de Salud dicen lo que los comunicados oficiales no: en ese período, 97 personas fueron asesinadas en el Perú. Seis cada día.
Según información presentada por el analista de datos Juan Carbajal en su cuenta de X, desde que Fujimori asumió la presidencia el promedio diario de personas asesinadas fue de 6,06 y el 76,3 % de los casos fue por arma de fuego.
Los datos provienen del SINADEF, el registro oficial de defunciones del Ministerio de Salud, que procesa los reportes de muertes violentas en tiempo real.
El mapa de los homicidios: Lima, La Libertad y Callao
El reporte indica que 74 muertes fueron causadas por proyectil de arma de fuego (PAF), de las cuales 26 se produjeron en Lima, 11 en La Libertad y 7 en el Callao. En cuarto lugar, la región Piura cuenta 6 asesinatos con arma de fuego, mientras que Ica cuenta 5 homicidios por disparos.
| Región | Muertes por PAF | Contexto |
| Lima | 26 | Extorsión a transportistas, sicariato. |
| La Libertad | 11 | Crimen organizado. |
| Callao | 7 | Organizaciones criminales del Callao histórico. |
| Piura | 6 | Extorsión, disputa territorial. |
| Ica | Sicariato vinculado a economías ilícitas. | |
| Otras regiones | 19 | Extorsiones y guerra de bandas. |
Los métodos: 74 baleados
La distribución por tipo de arma o método revela la naturaleza de la violencia que el gobierno enfrenta.
Un total de 13 asesinatos fueron cometidos con un arma blanca (3 en Lima y otros 3 en Arequipa), mientras que 6 fueron producto de una agresión física y 3 a causa de asfixia.
La predominancia aplastante del arma de fuego —74 de 97 casos— es la señal más clara de que los homicidios no responden mayoritariamente a riñas espontáneas, sino a organizaciones con acceso a armas, logística y estructuras de mando del crimen organizado.
¿Y el Plan Escudo de Keiko Fujimori?
El gobierno de Keiko Fujimori respondió al problema de seguridad en los primeros días con el lanzamiento del Plan Escudo, un despliegue de efectivos policiales y militares en terminales y paraderos de transporte público, especialmente en Lima, donde la extorsión a empresas de buses se ha convertido en uno de los principales vectores de violencia urbana.
El sector de transporte ha sido uno de los más golpeados, pues se contabilizan decenas de choferes baleados en servicio, cobradores amenazados, gerentes asesinados.
Pero el Plan Escudo ya enfrenta sus primeras críticas internas, y provienen de los mismos actores que supone proteger.
Un conductor de una empresa de transporte de Lima —cuyo compañero fue baleado en Ate y permanece en estado grave— fue directo al evaluar la medida: «¿De qué vale que estén en el paradero si en la ruta están matando? La cosa no es en el punto, sino la cosa es en la calle, en la ruta. Ahí nos agarran, ahí distraídos», cuestionó.
El vocero del gremio Transportistas Unidos, Bretoneche, indicó que el botón de pánico —un sistema de alerta instalado en los vehículos que permite una respuesta policial en tres a cinco minutos— resulta útil pero financieramente inaccesible para muchas empresas.
«El botón de pánico se ha confirmado que es útil porque hay un tipo de reacción desde dentro de tres a cinco minutos. El problema es en la parte económica. No todas las empresas aún lo han implementado porque el costo… le ha salido un promedio de ochenta mil soles. Han tenido que tener un endeudamiento», precisó.
La Libertad: el segundo foco más violento del país
Con 11 homicidios por arma de fuego en apenas 16 días ―sin contar dos recientes muertes de un suboficial y una abogada en la provincia de Pacasmayo― La Libertad es la segunda región más violenta del país después de Lima en este periodo.
El dato coincide con lo que la región ha venido viviendo desde hace meses: el atentado con explosivo electrónico en la urbanización El Golf de Trujillo, coordinado desde el penal El Milagro; el sicariato activo en zonas como La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora; y la extorsión a diversas empresas de transportes.
Qué dice el gobierno de Keiko Fujimori
Ante el cuestionamiento creciente, el Ministerio de Defensa respondió con una señal de endurecimiento. El ministro Rafael Belaúnde aseguró que las Fuerzas Armadas no tendrán un «papel decorativo» durante el estado de emergencia.
La declaración busca responder a las críticas de que el despliegue militar es más visual que operativo, y que los efectivos apostados en los terminales no llegan a los puntos donde realmente ocurren los ataques, que son las rutas, las esquinas, los paraderos informales.
El gobierno también tiene pendiente el trámite de las facultades delegadas ante el Congreso —solicitadas desde el discurso del 28 de julio— para legislar por decreto en materia de seguridad ciudadana.
Sin ese instrumento, la velocidad de respuesta normativa del Ejecutivo depende del Congreso, que tiene su propio ritmo y sus propios intereses políticos.
Las cerca de 100 muertes por homicidio en los primeros 16 días no son una condena a la gestión de Keiko Fujimori, pues ningún gobierno cambia en dos semanas una estructura criminal que lleva años consolidándose.
Pero son el punto de partida real —no el del discurso del 28 de julio— desde el que deberá medirse el éxito o el fracaso de las promesas de seguridad.
El SINADEF seguirá registrando estas estadísticas de violencia. Y el promedio de seis muertos diarios, que hoy es el número que nadie quiere ver, será la línea de base contra la que se medirá el resto del mandato.
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