«Estoy con la conciencia tranquila y duermo tranquilo. No hay nada de eso», respondió el alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, a las declaraciones del regidor Giancarlo Toribio, quien en una entrevista aseguró que el burgomaestre tendría grabaciones de concejales y comunicadores con el presunto fin de coaccionarlos .
Toribio apuntó de manera severa contra el burgomaestre. «El alcalde tiene grabados a todos, audios de todos», aseguró en el el espacio N60.
Luego agregó: «Él decía que tenía un audio mío, yo me quedé esperando el audio. Tal vez tenemos una salita del SIN en la Municipalidad».
La referencia a la infame «salita del SIN» —aquel espacio del Servicio de Inteligencia Nacional donde Vladimiro Montesinos grababa a políticos y periodistas para chantajearlos— no es casual . En el imaginario colectivo peruano, esa comparación evoca los episodios más oscuros de la corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori.
La historia política peruana ha sido testigo de varios escándalos vinculados a grabaciones ilegales. El caso más célebre, y el que Toribio evocó directamente, fue el de los «vladivideos».
El regidor Toribio, expostulante a diputado por Podemos Perú, ha tenido varios desencuentros públicos con el alcalde . Recientemente, el concejal acusó a Reyna de «tergiversar» su propuesta de ordenanza para regular el transporte de mototaxis en territorios vecinales.
La controversia actual, sin embargo, toca un punto sensible que trasciende las diferencias políticas: la legalidad de las grabaciones sin consentimiento y el uso de información privada como mecanismo de presión.
Reyna lo niega todo
«Estoy con la concienca tranquila», insisitó el alcalde. «La mayor cantidad de regidores son propositivos. Ahora no se ve ni se escucha insultos en las sesiones. Los regidores hacen sus ordenanzas y fiscalizan. Son propositivos y hacen su trabajo y eso se ve reflejado en las obras que se están ejecutando», afirmó Reyna.
El alcalde, quien asumió el cargo en reemplazo del suspendido Arturo Fernández Bazán, insistió en que su administración se caracteriza por la práctica y la transparencia. «Este concejo se caracteriza por ser práctico y no hace mucha política o pirotecnia, como algunos candidatos», añadió.
Sin embargo, las palabras de Toribio han dejado una pregunta en el aire que la ciudadanía trujillana espera que se aclare. ¿Hasta dónde llega el límite de la fiscalización y la transparencia en la función pública? ¿Es legal que una autoridad municipal grabe conversaciones sin el consentimiento de los involucrados?
Los «vladivideos»: el fantasma que ronda Trujillo
La historia política peruana ha sido testigo de varios escándalos vinculados a grabaciones ilegales. El caso más célebre, y el que Toribio evocó directamente, fue el de los «vladivideos».
En septiembre del año 2000, la difusión de una grabación en la que Vladimiro Montesinos entregaba 15 mil dólares al congresista Alberto Kouri para pasarse a la bancada oficialista inició el derrumbe del régimen de Alberto Fujimori.
El Código Penal peruano, en su artículo 162, tipifica el delito de violación de la intimidad, estableciendo que será reprimido con pena privativa de libertad quien, sin derecho, se apodere de documentos, papeles, efectos, libros o comunicaciones de otra persona.
La ‘salita del SIN’, ubicada en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional en Jesús María, se convirtió en el símbolo de la corrupción y el uso de la inteligencia estatal para fines políticos.
Por allí desfilaron políticos, empresarios y periodistas, y todas sus conversaciones quedaron registradas en cintas que luego se utilizaron como moneda de cambio. La comparación, aunque sea retórica, remite a uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del Perú.
En los años posteriores, otros casos mantuvieron viva la polémica: los ‘Mamanivideos’ (2013), donde la congresista Rosa Mamaní fue grabada presuntamente coordinando con el expresidente Alejandro Toledo; los audios de la ‘Mesa Redonda’ (2017), que desataron una crisis en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski; y las grabaciones de jueces de la Sala Penal Nacional (2019), que revelaron prácticas de influencia y tráfico de influencias en el Poder Judicial.
Grabar sin consentimiento: ¿qué dice la ley?
Las grabaciones de conversaciones sin el consentimiento de las partes involucradas constituyen una vulneración al derecho a la intimidad y a la comunicación personal, protegido por el artículo 2, inciso 10, de la Constitución Política del Perú. Este derecho garantiza que las comunicaciones y documentos privados son inviolables.
El Código Penal peruano, en su artículo 162, tipifica el delito de violación de la intimidad, estableciendo que será reprimido con pena privativa de libertad quien, sin derecho, se apodere de documentos, papeles, efectos, libros o comunicaciones de otra persona.
Asimismo, el artículo 165-A sanciona a quien revele, utilice o ceda información obtenida mediante la interceptación de comunicaciones sin autorización judicial.
En el ámbito de la función pública, la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, también establece límites al tratamiento de información, incluyendo grabaciones de voz, que solo pueden realizarse con el consentimiento previo, informado y expreso del titular.
