Hoy, 12 de junio, se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil; sin embargo, las calles reflejan que el problema continúa: niños que limpian parabrisas en los semáforos, que recorren el centro vendiendo caramelos o desarrollando expresiones artísticas como el canto o baile, o que son explotados por mafias de trata de personas o por sus propios padres.
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y reportes del Ministerio de Trabajo (MTPE) recogidos entre 2025/2026, alrededor de 760,000 niñas, niños y adolescentes (NNA), de 5 a 17 años realizan, actividades laborales en el Perú. Esto representa aproximadamente el 9.8% de la población en ese grupo de edad, situando al país con tasas de trabajo infantil por encima del promedio regional.
En la calle no se aprende
En el Perú, es promesa postergada erradicar el trabajo infantil y, en plena efervescencia electoral, el problema no fue abordado por los candidatos a la presidencia: ni en primera ni segunda vuelta.
Mientras miles de niños y adolescentes ingresan a las aulas, otra realidad se teje en los campos agrícolas de La Libertad, en los lavaderos de oro informales de la sierra o en los semáforos de las principales urbes del país. Detrás de cada cifra de empleo menudo hay una trayectoria educativa truncada y un ciclo de pobreza que se resiste a cerrar.
Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Defensoría del Pueblo ha vuelto a encender las alarmas: el Estado peruano arrastra deudas profundas y urgentes en la protección de su niñez, atrapada entre la necesidad económica familiar y la falta de políticas multisectoriales efectivas.
Datos que duelen
Una investigación de la Pontifica Universidad Católica del Perú, explica que el panorama normativo internacional es claro. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil como toda actividad que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, resultando peligrosa y perjudicial para su bienestar físico y mental. Sin embargo, la brecha entre el papel y la calle sigue siendo abismal.
Según el informe técnico “Estado de la Niñez y Adolescencia” del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al cuarto trimestre de 2025, el 15,1 % de los adolescentes peruanos entre 14 y 17 años se vio obligado a compatibilizar sus estudios con una actividad económica. Más grave aún, un 2,8 % de este grupo etario fue empujado a dedicarse exclusivamente a trabajar, quedando al margen de cualquier sistema formativo.
A nivel regional, el escenario se complejiza. En La Libertad, la fisonomía del trabajo infantil se divide entre la vulnerabilidad del comercio informal urbano en Trujillo y las dinámicas socioeconómicas del interior.
Estudios sociológicos y de economía laboral locales coinciden en que la deserción escolar temprana en provincias liberteñas como Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco está estrechamente ligada a la minería artesanal informal y a la agricultura de subsistencia. En estas zonas, el trabajo del menor suele naturalizarse culturalmente como un «aprendizaje» o un soporte indispensable para la economía familiar.
El promedio de trabajo infantil en América Latina y el Caribe, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) citadas en informes de 2020 y 2023, afecta a aproximadamente el 6 % de los niños y niñas de la región, lo que representa una cifra cercana a los 8 millones de menores entre 5 y 17 años
El impacto en el capital humano desde la evidencia científica
La literatura científica en el ámbito de las ciencias sociales demuestra que el trabajo infantil no es solo un síntoma de la pobreza, sino su principal reproductor. Investigaciones sobre economía de la educación revelan un impacto directo y asimétrico: por cada dos años de escolaridad perdidos a causa de la inserción laboral temprana, los individuos pierden en promedio hasta un 20 % de sus ingresos potenciales en la adultez.
Al truncar el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar, el trabajo temprano condena a los menores a permanecer en el sector informal una vez alcanzan la mayoría de edad, limitando la productividad general de regiones productivas como La Libertad.
Además del daño al desarrollo integral y a la salud, la exposición prolongada a estas actividades incrementa exponencialmente el riesgo de que las y los adolescentes caigan en las redes de las llamadas peores formas de trabajo infantil (contempladas en el Convenio 182 de la OIT), tales como: la explotación sexual comercial, la trata de personas con fines de explotación laboral, la participación en economías ilícitas (como el transporte de insumos ilegales o la delincuencia), trabajos de alta peligrosidad en socavones o con manipulación de agroquímicos nocivos sin protección.
Ausencia del Estado
Pase a que el Estado peruano, en su portal oficial, señala que «el Perú reafirma su compromiso con la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes que trabajan, en el marco de la implementación de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030″, los resultados en la lucha contra este fenómeno son cuestionables.
En sus observaciones finales emitidas en 2025, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas recomendó expresamente al Estado peruano aprobar e implementar la Política Nacional Multisectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, exigiendo además la asignación de recursos presupuestales específicos para garantizar que no se convierta en una declaración muerta.
La ruta legal se inició formalmente hace cuatro años con la Resolución Ministerial 292-2022-TR, que dispuso la elaboración de dicha estrategia nacional. Sin embargo, a la fecha, la Defensoría del Pueblo constata que el Ejecutivo aún no reporta avances significativos ni plazos concretos para su aprobación final.
Mientras el documento técnico sigue congelado en los escritorios burocráticos del sector Trabajo, miles de niños y adolescentes en las calles de Trujillo y en las zonas rurales del Perú siguen cambiando los cuadernos por herramientas de labranza y comercio, empeñando su futuro en el mercado de la informalidad.
«La prevención y erradicación del trabajo infantil constituye una obligación prioritaria del Estado y una condición indispensable para garantizar el desarrollo pleno de niños y adolescentes. En ese sentido, reitera la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y atención frente a esta problemática, así como de adoptar medidas oportunas y efectivas que aseguren una vida libre de explotación y el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales», exhorta la Defensoría del Pueblo.
