La seguridad en Perú dejó de ser un debate electoral para convertirse en una emergencia sin control. Mientras la delincuencia avanza en las calles y las extorsiones se disparan, el país entra a una segunda vuelta electoral en la que las principales propuestas parecen incompletas frente a la magnitud del problema.
Keiko Fujimori, Sánchez y López Aliaga llegan como finalistas tras el escrutinio del 12 de abril. Los tres prometen recuperar el orden. Pero sus planes revelan vacíos que inquietan a especialistas.
Las cifras presionan. Las extorsiones crecieron 15 % en Lima solo en marzo, según reportes policiales. La sensación de inseguridad es cada vez más extendida.
“La ciudadanía clama por orden, no por discursos”, advirtió el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola. La frase resume el clima actual: urgencia y poca paciencia.
Fujimori: fuerza inmediata bajo cuestionamiento
La candidata de Fuerza Popular insiste en una respuesta directa. “Desplegaré 20 000 efectivos militares en barrios críticos”, afirmó en un debate televisado.
Su propuesta incluye también megacárceles para reos de alta peligrosidad y el uso de drones en fronteras. La apuesta es clara: control territorial rápido.
Sin embargo, surgen dudas sobre la base institucional. “Sin depurar la PNP, que pierde hasta 30 % de agentes por corrupción cada año, sus medidas serán cosméticas”, cuestionó el abogado César Nakazaki.
A ello se suma un punto ciego: la ayuda externa. Fujimori no ha detallado cómo integrará cooperación internacional, clave frente a redes criminales cada vez más globales.
Sánchez: inteligencia con dudas operativas
Roberto Sánchez plantea un enfoque distinto. “Crearé una base unificada que permita anticipar extorsiones hasta con 48 horas”, prometió en un foro empresarial.
Su plan contempla reforzar la inteligencia y capacitar agentes en ciberdefensa. La tecnología aparece como eje central.
Pero también hay cuestionamientos. “Su énfasis en derechos humanos puede diluir la capacidad de respuesta; las bandas no negocian con algoritmos”, advirtió la excongresista Rocío Silva-Santisteban.
En su caso, la cooperación internacional también queda en segundo plano. No hay una ruta clara para aprovechar asistencia extranjera en la lucha contra el crimen organizado.
Cifras que no dan margen
El deterioro es sostenido. Los homicidios aumentaron en regiones mineras y el gasto en seguridad supera los S/1200 millones anuales sin resultados proporcionales.
“Perú no puede enfrentar solo redes globales; urge incorporar ayuda externa en inteligencia”, sostuvo el experto en seguridad, Frank Casas.
A esto se suma un factor político. Un Congreso fragmentado podría bloquear reformas clave, limitando cualquier plan de gobierno desde 2027.
El frente ignorado: peruanos en la guerra
Mientras la inseguridad golpea dentro del país, otro fenómeno crece fuera del radar político.
Redes sociales vienen captando peruanos para integrarse al conflicto en Ucrania, con promesas de ingresos mensuales elevados.
“Al menos 50 compatriotas viajaron este año; varios han muerto sin que el Estado repatrie sus restos”, alertó la Cancillería.
El impacto es profundo. “Este reclutamiento debilita familias y evidencia un vacío legal grave”, señaló el analista internacional Carlos Malpica.
Ni Fujimori ni Sánchez ni López Aliaga han abordado este tema. La omisión expone límites en la actual agenda de seguridad en Perú.
Una decisión bajo presión
Las propuestas están planteadas, pero no terminan de cerrar. “Sin articular ayuda externa y sin proteger a los peruanos de conflictos ajenos, cualquier victoria será incompleta”, resumió el sociólogo Fernando Tuesta.
El país enfrenta una elección sin margen de error. Entre la urgencia y la incertidumbre, la inseguridad sigue marcando el ritmo.
