El dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso no solo modifica la Ley General de Minería y el régimen de concesiones, sino que, según ComexPerú, desencadenaría efectos devastadores para la economía nacional: menor inversión, pérdida de miles de empleos formales —directos e indirectos—, paralización de proyectos estratégicos y un golpe severo al desarrollo de las regiones que dependen del canon minero.
Para el gremio, lo que está en juego no es una reforma técnica, sino la viabilidad misma de una actividad que representa el principal motor de inversión privada en el país.
Uno de los puntos más críticos del dictamen, a decir de ComexPerú, es que vacía de contenido la garantía que representa una concesión minera. La norma permitiría su revocación con causales discrecionales, lo que en la práctica abre la puerta a intervenciones arbitrarias sobre derechos previamente otorgados.
Otro aspecto que enciende las alarmas es que la propuesta pretende aplicar nuevas cargas incluso a concesiones ya existentes y afectar contratos de estabilidad jurídica vigentes.
Asimismo, contempla “mecanismos de participación en beneficios” que, lejos de promover equidad, podrían traducirse en transferencias patrimoniales forzadas.
“Esto no es modernización —advierte el gremio—. Es una señal de que en el Perú la inversión quedaría expuesta a decisiones políticas con intereses subalternos”.
Más trabas, menos proyectos
El dictamen también pretende “corregir” las deficiencias del Estado cargándole la factura a la inversión privada.
Según ComexPerú, la propuesta impone mayores costos y penalidades, plazos reducidos que no se ajustan a los tiempos reales que demanda un proyecto minero, y exigencias rígidas desde etapas tempranas en las que aún no existe certeza geológica ni se han obtenido condiciones habilitantes como tierras, permisos o consulta previa.
El resultado esperado, advierte el gremio, será una menor actividad de exploración, mayor riesgo para los proyectos, paralizaciones innecesarias y, finalmente, la salida de inversiones del país. “¿Acaso los congresistas que aprueben esto le darán trabajo a los miles de personas que se queden sin empleo?”, cuestiona.
Otro aspecto que enciende las alarmas es que la propuesta pretende aplicar nuevas cargas incluso a concesiones ya existentes y afectar contratos de estabilidad jurídica vigentes.
Para ComexPerú, resulta contradictorio promover inversiones de largo plazo si el Congreso aprueba normas que quiebran la predictibilidad y vacían compromisos previamente asumidos por el Estado.
Mineras: formalidad no es el problema
El gremio sostiene que, si el objetivo del Legislativo fuera combatir la “ociosidad” y destrabar proyectos, el camino debería ser el inverso: menos obstáculos administrativos y mayor eficiencia estatal, con procesos claros y previsibles.
“Es la oportunidad de promover inversiones para ejecutar proyectos detenidos y generar trabajo y desarrollo”, señala.
Además, recuerda que la minería formal ya transfiere recursos significativos a las regiones: al cierre de 2025, el canon y regalías mineras superaron los S/ 10 045 millones.
Sin embargo, una porción importante del presupuesto regional y local destinado a inversión no logra ejecutarse. Para ComexPerú, esa incapacidad del Estado no puede justificar medidas que atenten contra la minería formal.
Ante este escenario, ComexPerú exhortó a que el dictamen sea sometido a un debate técnico riguroso y transparente, con una evaluación económica y legal de sus reales impactos. “El Perú necesita destrabar, atraer inversión y generar empleo formal —concluye—; no aprobar normas que ‘maten’ la minería y ahuyenten proyectos”.
