“Petroperú debe mantenerse, no la estamos liquidando, ni estamos conduciendo a una privatización de la empresa, debe mantenerse como empresa pública, pero gestionada de manera eficiente, rompiendo la cadena de privilegios de los altos funcionarios y es público que han tenido gollerías y privilegios absolutamente incoherentes con el resultado de la empresa y de la realidad nacional.
Con esa contundente declaración, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, justificó el decreto de urgencia de reorganización de la empresa que publicó el gobierno de José Jerí.
El premier reveló que más del 50 % de los gastos corrientes se destinan a beneficios «inusitados» de directivos, no a sueldos de la plantilla.
El gobierno inicia acciones contra lo que calificó como una «cadena de privilegios» y «gollerías» en la cúpula directiva de la petrolera estatal.
Este diagnóstico justifica, a su juicio, la reestructuración urgente para salvar a la empresa de la insolvencia, manteniendo su carácter público.
Petroperú: el costo de los privilegios
Álvarez, en una entrevista en RPP, llevó su crítica más allá de la condena moral, ofreciendo datos que apuntan a una distorsión profunda en el uso de los recursos:
- Más de 80 beneficios: identificó la existencia de «más de 80 privilegios, algunos de ellos inusitados» para la alta dirección.
- La mitad del gasto corriente: reveló que «más de la mitad del dinero de gastos corrientes no se va en sueldos [de la plantilla], sino en los privilegios de los altos funcionarios». Este dato, respaldado por la ministra de Economía, Denisse Miralles, sitúa el despilfarro gerencial como un agujero financiero crítico.
«Los impuestos de los peruanos no pueden seguir subsidiando esta insolvencia gestionada con opulencia», sentenció, vinculando el malgasto con la crisis que afecta a proveedores peruanos al borde de la quiebra.
La ruta: evaluación técnica, no liquidación
Para corregir este rumbo, el premier descartó una venta o disolución total. La solución, dijo, es una evaluación técnica e imparcial a cargo de ProInversión, que determinará el destino de cada unidad de negocio (asociación, liquidación o mantención estatal) bajo nuevos principios de eficiencia.
El premier reveló que más del 50 % de los gastos corrientes se destinan a beneficios «inusitados» de directivos, no a sueldos de la plantilla.
Mientras tanto, garantizó la protección de los derechos laborales de la plantilla estable y la intención de normalizar los pagos a proveedores.
Una cruzada transversal contra el abuso
Dirigiéndose a los opositores de la medida, Álvarez fue directo: son grupos que «buscan seguir viviendo de las gollerías, los privilegios y los subsidios» pagados por los ciudadanos.
«Hemos iniciado una reestructuración que es, ante todo, un acto de justicia y responsabilidad con el país», concluyó Álvarez, para instar a un apoyo transversal para «devolver a Petroperú a los peruanos, libres de los abusos que la llevaron al colapso».
