La muerte del periodista Fernando Núñez Guevara, ocurrida en Pacasmayo, región La Libertad, no es un hecho aislado ni un suceso que pueda leerse únicamente desde la crónica policial.
A poco más de una semana del ataque que acabó con su vida, el caso sigue generando preocupación en el gremio periodístico, organizaciones internacionales y defensores de la libertad de expresión, que advierten un escenario cada vez más hostil para el ejercicio del periodismo en el país.
Fernando Núñez: así fue el ataque que acabó con su vida
Fernando Núñez, director de fanpage Kamila TV de la provincia de Pacasmayo, fue asesinado a plena luz del día por sujetos armados que lo interceptaron cuando se desplazaba por la carretera Panamericana, a la altura de la curva La Barranca, en el distrito de Guadalupe.
Las cámaras de seguridad registraron el ataque, descartándose desde un inicio el robo como móvil del crimen, según informaron las autoridades.
Fernando Núñez y un crimen que apunta al trabajo periodístico
Las investigaciones preliminares del caso han llevado a las autoridades a centrar sus esfuerzos en la hipótesis de represalias vinculadas a su labor informativa. De acuerdo con fuentes policiales y reportes fiscales, Núñez había difundido en los últimos meses información sensible relacionada con presuntas irregularidades, lo que lo habría convertido en un objetivo.
Esta línea de investigación ha sido respaldada por distintos sectores del gremio periodístico, que recuerdan que el comunicador ya había recibido advertencias y presiones antes de su asesinato.
Reacciones tras el crimen
El asesinato de Fernando Núñez no solo generó conmoción en La Libertad. Organismos internacionales como la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) condenaron el crimen y exigieron al Estado peruano una investigación rápida, exhaustiva e imparcial, así como garantías reales para la protección de los periodistas.
En el ámbito nacional, asociaciones de prensa, colectivos ciudadanos y comunicadores independientes han coincidido en que este crimen representa una amenaza directa a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a estar informada. También han cuestionado la falta de mecanismos eficaces de prevención y protección para periodistas que investigan temas sensibles.
El caso de Núñez se suma a una serie de agresiones, amenazas y asesinatos contra comunicadores en el país, especialmente en zonas donde confluyen intereses económicos, actividades ilegales y débil presencia del Estado. Para especialistas en libertad de prensa, este escenario configura un patrón que no puede seguir siendo tratado como hechos aislados.
La impunidad, advierten, no solo deja sin justicia a las víctimas y sus familias, sino que envía un mensaje de silencio forzado a otros periodistas que continúan investigando realidades incómodas para ciertos sectores de poder.
