El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) vuelve a generar cuestionamientos por su débil fiscalización. A pesar de contar con denuncias por minería ilegal, antecedentes de violencia e incluso la presencia de armamento, diversas operaciones continúan activas bajo este sistema, que en la práctica funciona como un escudo administrativo que evita sanciones inmediatas.
En zonas del corredor aurífero de Pataz, el REINFO se ha convertido en una herramienta que, en lugar de ordenar la actividad, estaría permitiendo la continuidad de explotaciones clandestinas, varias de ellas vinculadas a redes criminales.
El caso Galindo: armas de guerra y explosivos, pero con inscripción vigente
Uno de los casos más alarmantes es la mina Galindo, ubicada en el anexo de Pueblo Nuevo y relacionada a Nicolás Lozano. Meses atrás, un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional intervino el campamento tras múltiples reportes de actividad ilegal.
Dentro de la zona se hallaron:
- Fusiles de asalto y municiones,
- Dinamita, mechas y anfo,
- Campamentos clandestinos,
- Estructuras diseñadas para repeler intervenciones,
- Indicios de violencia y disputas mortales en el área.
A pesar de la gravedad de los hallazgos, Galindo continúa inscrita en el REINFO, lo que le permite seguir operando sin suspensión ni cierre. Para especialistas, este caso expone un vacío crítico en el control estatal, que sigue habilitando actividades con riesgos comprobados para la seguridad pública.
Pataz: una zona marcada por violencia y minería ilegal
La provincia de Pataz vive un escenario complejo: enfrentamientos armados, ataques a socavones, muertes, extorsión y presencia de bandas criminales dedicadas a la minería ilegal.
En ese contexto, que operaciones con antecedentes criminales documentados sigan activas bajo el amparo del REINFO refleja una urgente necesidad de reforma.
Conclusión: un sistema que necesita cambios inmediatos
La continuidad de explotaciones como Galindo revela que el REINFO, en su estado actual, puede estar legitimando actividades ilícitas en lugar de contribuir a la formalización minera.
Expertos advierten que el Estado debe revisar y corregir los vacíos del mecanismo, aplicar sanciones efectivas y evitar que este registro se convierta en un vehículo para operaciones peligrosas que ponen en riesgo el orden público.
