La minería ilegal en el Perú no es solo un laberinto de socavones clandestinos, retroexcavadoras rugiendo en la madrugada y ríos convertidos en veneno. Es, sobre todo, un sistema económico paralelo que ha logrado moverse durante años con una precisión quirúrgica: entra al mercado formal, se mezcla, desaparece y reaparece convertido en dólares limpios listos para financiar cualquier estructura criminal.
Y las cifras lo confirman.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, en diez años se han detectado operaciones sospechosas vinculadas a la minería ilegal por más de US$ 22 mil 800 millones. Una cifra tan gigantesca que no solo revela la magnitud del negocio y evidencia cuán profundo ha calado este sistema dentro del aparato económico formal del país.
La Libertad: minería que sale “legal”, pero huele a crimen
Entre setiembre de 2015 y 2025, la UIF recibió más de 5 700 reportes de operaciones sospechosas asociadas a la cadena del oro ilegal. No se trata de simples transferencias, son movimientos millonarios disfrazados de compras de inmuebles, flotas de vehículos, empresas fachada, testaferros y exportaciones maquilladas con documentos que las convierten —solo en el papel— en actividades legales.
Diego Ulloa, uno de los analistas principales de la UIF, lo resume sin rodeos: «El oro ilegal sale del país con documentos”. Pasa por puertos y aeropuertos. Se mezcla con carga legal. Y es casi imposible determinar en qué punto de la cadena se cometió el delito.
El oro peruano, incluso cuando nace en un socavón manejado por bandas armadas, se exporta como si fuera producto lícito.
Según la UIF, la minería ambiental ya no solo es un problema ambiental sino que pasó a convertirse en una maquinaria criminal que sostiene bandas de sicarios, redes de extorsión, tráfico de explosivos y combustibles, corrupción en todos los niveles del Estado.
En regiones como La Libertad, Madre de Dios, Cusco y Puno, la minería ilegal ha impuesto un régimen paralelo donde el Estado llega tarde o no llega nunca.
Y La Libertad —nuestro bastión norteño— es una de las piezas más golpeadas.
En provincias como Pataz, Retamas y Parcoy, el oro ilegal es el combustible de organizaciones que operan como pequeños ejércitos privados. Controlan accesos a campamentos, cobran cupos, manejan el tráfico de dinamita, imponen sus propias reglas y financian a políticos que luego les devuelven favores.
Bajo la tierra no solo corren vetas de mineral. Corre un flujo de dinero que compra armas, paga complicidades y asegura impunidad.
Un sistema financiero que no logra —o no quiere— ver
Los bancos, cajas, financieras y cooperativas reciben diariamente un volumen de efectivo tan grande que cualquier métrica de prevención queda corta.
La propia Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS) advierte que los controles deben endurecerse. El lavado asociado a delitos ambientales crece sin freno y las rutas del oro están tan mezcladas con operaciones legítimas que la frontera entre lo legal y lo ilícito se ha vuelto difusa.
A diferencia de la droga, que se mueve por rutas clandestinas, el oro ilegal solo necesita tres cosas: un intermediario, un documento y una exportadora dispuesta a mezclar producción.
Y mientras las ampliaciones del REINFO siguen sirviendo más como escudo para operadores ilegales que como vía real hacia la formalización, el país corre detrás de un problema que crece más rápido que cualquier política pública.
