El Perú sigue siendo el principal exportador de oro en Sudamérica, pero detrás de esa posición de liderazgo se esconde un problema que crece sin control: la presencia de exmercenarios extranjeros, quienes ofrecen sus controvertidos servicios a mineros que desarrollan sus actividades fuera de la ley.
Según el Ministerio de Energía y Minas, a menos de dos meses para finalizar el 2025, la producción formal de oro alcanzó las 150 toneladas. Sin embargo, las exportaciones superaron las 450 toneladas. Una diferencia que solo se explica por el avance de la minería ilegal.
La consolidación en el Perú de esta labor indebida se explica, entre otros motivos, por la protección que brindan los soldados a sueldo de otras nacionalidades, quienes han encontrado en la minería un espacio para extender sus servicios tan cuestionados por la comunidad internacional.
Las Naciones Unidas (ONU) cuestiona el empleo de mercenarios porque representa un grave problema global que socava la paz, la seguridad y los derechos humanos. La organización ha documentado, las sistemáticas ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, asesinatos y la desestabilización de gobiernos de los legionarios en varios países.
Exmercenarios en territorio minero
Exmercenarios latinoamericanos se han convertido en piezas clave en varios conflictos bélicos recientes en África y Europa, impulsados por la demanda de fuerzas privadas globales y el tráfico ilegal de recursos naturales, entre ellos, el oro peruano.
Según recientes informes oficiales, cientos de combatientes, colombianos principalmente, han sido detectados participando en combates en Sudán, Yemen, Ucrania y otros puntos críticos del planeta.
El Gobierno de Sudán denunció en 2025 la presencia activa de agentes colombianos apoyando a grupos paramilitares en la guerra civil de Darfur, lo que vulneró la paz regional y generó controversia internacional.
Estos soldados, muchos exmilitares con experiencia en contrainsurgencia, son contratados por compañías privadas o grupos vinculados a narcotráfico y redes criminales transnacionales, como las que lideran el negocio informal del oro en el Perú.
Los expertos señalan que esta dinámica de mercados globalizados refleja la internacionalización de los conflictos modernos, donde fuerzas extranjeras se integran en guerras locales, complicando las posibilidades de una resolución pacífica.
Minería ilegal y el papel de los excombatientes
En Perú la explotación ilegal aurífera continúa siendo un problema creciente. El Instituto Peruano de Economía (IPE) reportó que en 2025 las exportaciones de oro ilegal alcanzaron los 12 mil millones de dólares, lo que representa el 44 % del total exportado en América del Sur. Esta cifra posiciona al Perú como la principal fuente regional de este mercado negro.
El sociólogo y especialista en seguridad Javier Rojas advierte que excombatientes latinoamericanos —con experiencia en conflictos de África y Europa— han encontrado en la minería ilegal un negocio donde aplican sus habilidades tácticas.
“Estos exmercenarios usan su experiencia en combate y logística para dominar zonas remotas y proteger rutas ilícitas”, señaló en junio de este año.
En regiones como Madre de Dios, Ayacucho, La Libertad, Cajamarca y Amazonas, la débil presencia estatal y la corrupción local crean un entorno ideal para que estos grupos mantengan control territorial. Allí, el oro ilegal se mezcla con el formal sin mayor resistencia.
Plantas procesadoras bajo la lupa
Uno de los casos más mencionados por especialistas es el de Laytaruma, considerada el cuarto exportador de oro del país. La planta procesa hasta 650 toneladas diarias, casi el doble del límite permitido para la pequeña minería.
Esta sobrecarga facilita el blanqueo de oro que luego llega a mercados como Estados Unidos, India y Emiratos Árabes Unidos.
La economista Ana Del Carpio advierte que este fenómeno genera una “pérdida tributaria enorme”, además de impactos ambientales y sociales graves.
