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Congreso evalúa prórroga del Reinfo pese a que el 70 % de peruanos rechaza la minería ilegal

Una investigación advierte que la minería ilegal no solo genera un daño ecológico irreversible y crisis sociales, sino que también ha penetrado en las estructuras políticas y económicas locales

Un estudio del Centro Wiñaq, sustentado en encuestas y grupos focales realizados por Datum Internacional, revela una percepción ciudadana clara: la minería ilegal es vista mayoritariamente como una actividad vinculada al crimen organizado, la corrupción política y una seria amenaza para el medio ambiente.

Minería ilegal: lo que opinan los peruanos

Más del 70 % de los peruanos indican que la minería ilegal afecta directamente la seguridad, la salud pública y el entorno natural, reflejando un rechazo transversal que no distingue regiones. Este sentimiento es particularmente fuerte en zonas mineras como Puno, Madre de Dios, Cajamarca y La Libertad, donde la pérdida del control estatal y la expansión del crimen organizado son preocupaciones constantes.

Pese a este clamor social, el Congreso de la República ha presentado tres proyectos para ampliar el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), hasta el el 2029, instrumento que críticos señalan como un escudo para perpetuar operaciones ilegales. El 51 % de la población apoya que se fije un último plazo definitivo para el Reinfo, mientras que un 34 % demanda el cierre inmediato de todos los emprendimientos informales sin extensiones.

La congresista Diana Gonzales se ha posicionado en contra de estas prórrogas, denunciando la inacción del Ejecutivo y la Comisión de Energía y Minas, que priorizan la extensión del Reinfo en vez de debatir una nueva Ley MAPE que enfoque una formalización con responsabilidad ambiental y comunitaria. «No se trata de apoyar la economía popular, sino de detener la ilegalidad», subraya Gonzales.

El informe del Centro Wiñaq advierte que la minería ilegal no solo genera un daño ecológico irreversible y crisis sociales, sino que también ha penetrado en las estructuras políticas y económicas locales, complicando la gobernanza en regiones clave del país.

Diana Gonzales indicó que el mantener abiertas las puertas del Reinfo equivaldría a legitimar un sistema extractivo sin control, que evade impuestos, corrompe autoridades y degrada irreversiblemente los territorios.

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