En los pasillos de las cajas municipales y microfinancieras del norte peruano, el temor ya dejó de ser un simple rumor: en 2026, podrían quebrar hasta 250 entidades formales por culpa del auge imparable del crédito gota a gota y un entorno legal favorable para este tipo de extorsión disfrazado de préstamos que cobró fuerza gracias a las leyes procrimen.
Gota a gota genera ganancias millonarias
Así lo advierte la Federación Peruana de Cajas Municipales, que calcula en S/ 10 mil millones la posible pérdida del sistema si el Gobierno no reacciona y el Congreso persiste en leyes que abren la puerta al crimen organizado y a la exclusión financiera.
¿La fórmula de la tormenta? El miedo a la extorsión y los asaltos expulsa a las entidades formales de barrios y ciudades donde la inseguridad manda. Según Jorge Solís, presidente de la federación, la retirada ha sido masiva este año en Lima norte, Trujillo y otros polos comerciales: «El crédito a las MYPES ha caído 12 %, pero la gota a gota crece 50 %». Lo que en 2024 movía S/ 4 mil millones, ahora rozará los S/ 6 mil millones en manos de mafias y prestamistas que siembran el terror entre la gente.
Las cifras son demoledoras: solo en seguridad, las cajas han gastado S/ 800 millones este año en personal de resguardo, cámaras y mejoras blindadas. Aun así, las extorsiones desbordan los presupuestos y muchas agencias optan por bajar cortinas. Así, donde antes había oportunidades para el emprendedor, hoy mandan los armados y los usureros con balas y libreta, cobrando intereses de miedo y favores eternos.
Cajas municipales pierden pisada ante préstamos gota a gota
El retroceso formal arrincona a los pequeños negocios y deja a la vista el colapso de la inclusión financiera: el crédito microfinanciero formal cayó 16 % en 2023, justo después de un año récord. El presidente de la federación de cajas municipales lanza la alarma al Ejecutivo: o se reactiva la garantía estatal enfocada, como ocurrió en pandemia, o el espacio financiero lo llenarán las mafias a punta de amenazas, lavado de dinero y dinamita.
Pero el centro de la bronca también está en Lima. Solís no titubea al culpar al Congreso de la República y al presidente interino José Jerí por haber suscrito y avalado leyes que, según su versión, «son procrimen y hunden la confianza del país».
Añade que la criminalidad se combate con acción real y no con fotos bonitas ni discursos de ocasión. Mientras tanto, la tasa de interés seguirá subiendo para quien se anima a pedir un préstamo en zonas rojas, porque el riesgo también se paga en soles y silencios.
Si nadie mete freno al gota a gota, en 2025 la criminalidad podrá costarle a la economía peruana hasta S/ 20 mil millones. Los pequeños negocios que antes confiaron en cajas hoy miran de reojo a los prestamistas que arrecian con motos, amenazas y plazos diarios; y, cada vez con más frecuencia, eligen el peligro antes que la ruina.
En la periferia, el gota a gota ya no es solo metáfora de abuso: es un tsunami económico que amenaza con dejar a millas de negocios y familias fuera del sistema, y darle la victoria —otra vez— a los que prosperan cuando el Estado baja los brazos.
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