El reciente atentado con dinamita que destruyó una veintena de viviendas en Trujillo confirma una preocupante realidad: el desvío de explosivos originalmente destinados a actividades mineras informales hacia manos de bandas criminales que los usan para actos de extorsión y violencia en áreas urbanas.
Minería informal y bandas criminales en Trujillo
Fuentes policiales y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) coinciden en que aproximadamente el 5 % del dinamita adquirida legalmente por mineros informales registrados en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) termina en el mercado negro controlado por delincuentes.
Este mercado ilícito se alimenta de un vacío normativo derivado de una modificación legal ocurrida hace cinco años. Mientras que anteriormente el traslado de explosivos debía estar custodiado por policías en actividad, actualmente solo se requiere vigilancia privada, un control mucho menos riguroso y supervisado. Esta apertura normativa ha facilitado que organizaciones criminales puedan obtener materiales explosivos con mayor facilidad y sin supervisión efectiva.
¿Qué falla en los controles de dinamita para la minería?
Los criminales utilizan cartuchos de dinamita, equivalentes a los que en la minería ilegal se emplean para desmontar cerros, en atentados dentro de ciudad, como ocurrió en la avenida Perú, donde una carga explosiva voló una vivienda y causó daños en decenas de inmuebles. Ángel Santoyo Puicón, exintegrante de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), estima que de mil cartuchos comprados por mineros informales, unos 50 son desviados para uso delictivo, lo que representa un riesgo elevado para la población.
El problema se agrava con la facilidad con que se comercializa la dinamita en el llamado mercado muerto, donde cartuchos pueden adquirirse por solo 10 soles. Además, mineros informales en proceso de formalización pueden obtener grandes cantidades amparados por licencias de Sucamec, pero luego desvían parte para la extorsión y el crimen organizado, generando un lucrativo negocio paralelo.
Trujillo: dinamita termina en el mercado negro
El abogado penalista Greco Quiroz Díaz alerta que más del 50 % de explosivos comprados legalmente son vendidos ilícitamente, y propone implementar un sistema de código de serie para rastrear la procedencia de cada cartucho, similar a lo que sucede con la munición.
«Hay una ganancia extrema que explica por qué más del 50 % de la dinamita que se compra de forma legal termina desviada hacia actividades ilícitas. Cada dinamita cuesta entre 20 a 50 soles. Un minero artesanal con una operación pequeña no necesita mil cartuchos de dinamita, pero los adquiere igual porque sabe que la mitad los venderá a organizaciones criminales», denunció Greco Quiroz.
Actualmente, la supervisión y capacidad policial para atender emergencias con explosivos es limitada; solo cuatro efectivos especializados atienden toda la región La Libertad, exponiendo a la población a un riesgo latente en caso de nuevos atentados.
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