El 7 de agosto de 2025, desde Leticia, el presidente colombiano Gustavo Petro declaró públicamente que «Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla de Santa Rosa», una porción territorial surgida en el río Amazonas tras cambios geográficos recientes.
La respuesta del gobierno peruano fue inmediata y enérgica: la presidenta Dina Boluarte rechazó la controversia, afirmó que no existe ningún tema limítrofe pendiente y respaldó la soberanía peruana sobre la isla, además de anunciar mejoras sociales para la población local.
Expertos como María Alejandra Trujillo señalaron que esta disputa actúa como una «cortina de humo» para desviar la atención de los problemas internos de Colombia —como la inseguridad, la presencia de disidencias de las FARC y las crisis sociales— y un intento de proyectar firmeza y liderazgo ante sectores de opinión críticos.
El contexto es claro: Petro acumula índices de desaprobación elevados, y el tema fronterizo sirve para reactivar su imagen nacionalista y antesala al periodo electoral.
Del M-19 al Palacio de Nariño: el recorrido de un exguerrillero en la política colombiana
Gustavo Petro ingresó al Movimiento 19 de Abril (M-19) a los 18 años, comprometido con una visión de justicia social nacida de las convulsiones políticas de la década de 1970.
Aunque asoció su militancia con actividades no violentas como propaganda y distribución de alimentos, sí recibió entrenamiento militar; admite que nunca disparó, pero su rol exacto ha sido objeto de debate.
El M-19 se desmovilizó en 1990 mediante un histórico acuerdo de paz, pasando a formar la Alianza Democrática M-19 y contribuyendo a la redacción de la Constitución de 1991.
Hoy, Petro no oculta sus raíces políticas. Ha reivindicado el legado del M-19: exhibió la emblemática espada de Bolívar en su posesión presidencial, entregó banderas del grupo a líderes regionales y colocó a exguerrilleros en cargos clave de su gobierno, revelando una impronta organizada desde su pasado
Este énfasis forma parte de un proyecto político que reivindica la memoria revolucionaria pero con vocación democrática, aunque esto también ha generado tensión con sectores conservadores que critican su narrativa como «mito revolucionario».
La relación de Petro con las FARC
Petro ha impulsado una ambiciosa política llamada paz total, que pretende negociar con todas las organizaciones armadas, incluyendo disidencias de las FARC, sin distinciones.
Sin embargo, este enfoque ha sido cuestionado por expertos y líderes como el expresidente Santos, quienes advierten que conceder demasiada flexibilidad solo ha permitido que los grupos armados se fortalezcan y expandan su influencia territorial y criminal
Gustavo Petro representa una transición inusual: de la guerrilla urbana del M-19 al Gobierno central. Su administración mantiene una narrativa histórica que honra ese pasado, aprovechando la legitimidad conquistada por la paz del M-19, pero sin romper con el Estado democrático. Al mismo tiempo, su apertura a negociar con disidencias de las FARC refleja una continuidad ideológica hacia la reconciliación—con todo el riesgo que ello implica— mientras Colombia enfrenta una creciente fragmentación armada que desafía su visión de paz total.
¿Qué hay detrás del escenario en la frontera Perú-Colombia?
Petro fundamenta su posición en el argumento de que la isla apareció después de los tratados de límites de 1922 y 1934, por lo que debe ser definida bilateralmente, y advierte que el control peruano podría dejar a Leticia sin salida fluvial en pocos años, como revelan estudios sobre sedimentación del Amazonas.
La tensión se intensificó al convocar una sesión del organismo binacional COMPERIF y, simultáneamente, trasladar las celebraciones patrias a Leticia, en clara señal política.
Presencia guerrillera en la frontera: un telón de fondo inquietante
La zona fronteriza colombo-peruana, especialmente en el Putumayo y Loreto, está permeada por la presencia de disidencias de las FARC, remanentes del conflicto armado colombiano que operan con sistemas de control territorial y narcotráfico en el oriente peruano.
Esta realidad incrementa la vulnerabilidad regional y refuerza el caldo de cultivo en el que Petro capitaliza una narrativa soberanista, mientras aprovecha el vacío institucional para ganar espacio mediático y político.
Finalmente, la controversia por la isla Santa Rosa no solo reabre una vieja disputa limítrofe, sino que revela cómo Gustavo Petro la instrumentaliza con fines políticos: para distraer, unificar su base electoral y proyectar fortaleza en un país marcado por fragilidades institucionales. Mientras tanto, en la Amazonía crecen amenazas reales que requieren diálogo, cooperación bilateral y presencia estatal, no rifas de soberanía.
Cesar Ortiz Anderson
Presidente de Aprosec
