Human Rights Watch (HRW), organización dedicada a proteger los derechos humanos de toda persona, en cualquier parte del mundo, publicó el «Informe Mundial 2025» en donde analiza, episódicamente, lo indicadores sociales para medir la eficacia institucional en la protección y promoción de los derechos humanos y ciudadanos.
Lamentablemente, el Perú destaca en un cuadrante muy negativo, marcado por la impunidad y una democracia muy debilitada, debido al actuar del Congreso de la República y del Ejecutivo.
“En 2024, el Congreso peruano aprobó leyes y adoptó otras decisiones que socavaron la independencia judicial, debilitaron las instituciones democráticas y obstaculizaron las investigaciones sobre el crimen organizado, la corrupción y las violaciones de derechos humanos”, inicia.
HRW también señala que “la presidenta Dina Boluarte hizo poco o ningún esfuerzo por detener estos ataques del Congreso contra la democracia y el Estado de derecho, y su administración también aplicó políticas que contribuyeron a la erosión de las normas democráticas, entre ellas, medidas para reprimir las protestas».

Respecto a la corrupción en el sector público, señala que “en julio de 2024, el Congreso aprobó un proyecto de ley para limitar la definición de “crimen organizado”, lo que dificulta que los fiscales investiguen delitos relacionados, como la corrupción y la extorsión, y hace que las búsquedas investigativas sean en gran medida ineficaces. Boluarte no vetó el proyecto de ley; se convirtió en ley en agosto”.
Impunidad
El informe considera que el Perú ha logrado avances limitados en la investigación y el enjuiciamiento de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado del país (1980-2000) y recordó que julio de 2024, «el Congreso aprobó un proyecto de ley que somete a prescripción los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos antes de 2003″.

“Los fiscales han advertido que la ley podría poner en peligro unos 600 casos penales relacionados con las fuerzas de seguridad y Sendero Luminoso, un grupo armado maoísta. El presidente Boluarte no vetó el proyecto de ley; se convirtió en ley en agosto”, detalla.
Considera que las autoridades tampoco han investigado ni procesado adecuadamente las muertes de 49 manifestantes en las protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. “La respuesta de los militares y la policía fue indiscriminada y desproporcionada. Las fuerzas de seguridad dispararon fusiles de asalto y pistolas contra manifestantes y transeúntes desarmados. Hasta noviembre, nadie había sido condenado».
Desigualdad económica y social
“Existen profundas disparidades en la capacidad de las personas para ejercer sus derechos económicos y sociales. Las comunidades urbanas y costeras del Perú disfrutan de un mejor acceso a los servicios públicos que las poblaciones rurales e indígenas”, recalca HRW.
El informe toma como referencia el último censo nacional de 2017 que muestra que “solo el 52 por ciento de los indígenas tenía acceso a un sistema público de alcantarillado, en comparación con el 75 por ciento de la población general, y solo un tercio de las comunidades indígenas de la Amazonía tenía acceso a un centro de salud”.

Además, en 2023 la pobreza monetaria aumento 20% por ciento a comparación de 2019; es decir, el 28 por ciento de la población vivía con 67 dólares estadounidenses al mes. “Los niños, las personas que viven en zonas rurales y quienes se declaran negros o indígenas viven desproporcionadamente en la pobreza”.
Violencia sexual y de género
Entre septiembre de 2013 y septiembre de 2024, se registraron 15,092 casos de violencia sexual contra estudiantes cometidos por profesores, personal escolar o estudiantes. Entre enero y septiembre, se denunciaron 2,514 casos de violencia sexual en las escuelas, según el Ministerio de Educación.
HRW enfatiza toma como referencia los más de 500 casos de violencia sexual contra estudiantes de las comunidades indígenas Awajún, Wampi y Chapra (Amazonas), para cuestionar que “ninguna de estas denuncias de abuso sexual infantil ha dado lugar a una condena”.
Concluye que “la violencia de género es un problema importante en Perú. La Defensoría del Pueblo reportó 133 feminicidios (definidos como el asesinato de una mujer o niña en ciertos contextos, incluida la violencia doméstica) entre enero y octubre de 2024. La oficina reportó 150 feminicidios en 2023 y 137 en 2022”.