Escribe Sandy Valeria Crespo Carrasco
Mientras en algunos países los menores de 18 años están sujetos al sistema de justicia penal de adultos; en otros, apenas es un debate, que se vuelve a activar de vez en cuando.
Como, por estos días, en el Perú, debido a que el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante Barrios, ha presentado un proyecto de ley que propone reducir la edad de responsabilidad penal para aquellos que incurran en delitos graves.
La iniciativa legislativa se sostiene bajo el argumento de “fortalecer la lucha contra la delincuencia juvenil y la inseguridad ciudadana”.
El congresista, integrante del Grupo Parlamentario Renovación Popular, informó que el Proyecto de Ley N.° 618-2021-CR, Proyecto de ley que modifica el artículo 20° del Código Penal y declara a los adolescentes de 16 y 17 años como imputables de la comisión de delitos graves, castigará con severidad a autor o a quien participa de un crimen, al miembro de una banda delictiva, a quien actúa por encargo o está vinculado a estas organizaciones.
Para Alejandro Muñante, la base de este proyecto es el índice de criminalidad cometido por menores, el cual ha incrementado en las últimas décadas. “Por ello, urge que se legisle en materia de seguridad ciudadana para atender el clamor de la sociedad, que exige que el Estado cumpla su rol de protección social por encima de los derechos de adolescentes criminales”, justificó.
Agregó que su propuesta busca constituir un marco legal más drástico para proteger a la colectividad, contribuir a la paz social y disuadir la comisión de delitos que actualmente son inimputables, como el robo agravado, vandalismo, agresión sexual y hasta homicidio calificado en menores edad.
¿Qué defiende el artículo 20?
Como señala el artículo 20 del Código Penal, los menores de 18 años están libres de responsabilidad penal. Sin embargo, esto no significa que el Estado peruano no actúe frente a los delitos cometidos por adolescentes. Todo lo contrario.
De acuerdo al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto Legislativo 1348; los menores, cuya edad oscile entre los 14 y hasta antes de los 18 años, pueden ser sancionados por la comisión de delitos.
Con sanción, se refiere a recibir medidas socioeducativa, y estas van desde reprenderlos severamente hasta internarlos en un centro juvenil, máximo hasta diez años. En cambio, los mayores de edad (18 años a más) reciben una sanción penal. Entonces, ¿podrá recibir una pena igual un menor de 18 en el Perú?
¿Atropello a los derechos del niño?
La reducción de la edad de imputabilidad penal en el Perú colisionaría contra la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (SUDH) y del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH).
Un marco legal más drástico para proteger a la colectividad, contribuir a la paz social y disuadir la comisión de delitos que actualmente son inimputables, como el robo agravado, vandalismo, agresión sexual y hasta homicidio calificado en menores edad.
De acuerdo con la CDN, “la ley de justicia penal juvenil debe aplicarse a todos los niños y niñas menores de 18 años, independientemente de la naturaleza del delito. De ahí que los países deben asegurarse de que los niños y niñas menores de 18 años no están sujetos al sistema penal de adultos”.
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su Observación General N° 24 de 2019, indicó que el sistema de justicia penal afecta a los niños, al limitar sus posibilidades de convertirse en adultos responsables”. Por lo tanto, “se les reconoce una menor culpabilidad y se les aplica un sistema distinto con un enfoque diferenciado e individualizado”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas’ de 2011, mostró preocupación porque varios Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos someten a personas menores de 18 años al sistema ordinario de justicia penal. En consecuencia, niegan su condición de niños.
¿Qué opinan los especialistas?
El derecho es el conjunto de normas que buscan sancionar y controlar el comportamiento de las personas dentro de un grupo social. Partiendo de este concepto, el abogado constitucionalista Carlos Talledo Manrique señaló que, lamentablemente, las personas están acostumbradas a reclamar sólo derechos; sin embargo, olvidan que todo derecho conlleva a un deber.
“El derecho y el deber son dos caras de una misma moneda. Dicho esto, la sanción penal para menores de 18 es una medida correcta que se aplica en otros países a fin de que las bandas no se aprovechen y no cometan delitos de sicariato, robo agravado, extorsión, etc. En nuestro país, hay que tener en cuenta que nuestra sociedad es bastante imperfecta, a diferencia de otros países, donde se aplica ese tipo de normas, son sociedades regularmente amalgamadas. Nosotros somos una sociedad todavía en formación, desordenada y caótica”, sostuvo.
Por otro lado, señaló que está de acuerdo con el proyecto de ley del congresista Muñante, siempre y cuando esté acompañado de condiciones que permitan al grupo etario rehabilitarse del mundo criminal, al cual fueron atraídos por la misma sociedad y por las dificultades que sufrieron. El objetivo es salir y construir una vida mejor, porque “si sólo crees que cambiando el código penal y estableciendo penas para adolescentes es la solución al problema, te equivocaste completamente”.
Para Talledo, aumentar las penas no es la solución, pero sí un primer paso, porque “lamentablemente funciona así, funciona con represión legal”. Este cambio legal, debe ir de la mano con nuevas políticas de gobierno. “Se tendrá que tener un centro penitenciario especial con una política de rehabilitación para ellos. No puedes enviar a un adolescente al penal de Lurigancho o al de Castro Castro; sería absurdo, salvo un crimen sumamente grave”.
Para Talledo, aumentar las penas no es la solución, pero sí un primer paso, porque “lamentablemente funciona así, funciona con represión legal”.
No hay sitio en las cárceles
Asimismo, el abogado David Moscol Romero manifestó estar de acuerdo con que se apruebe este proyecto de ley “porque muchas veces los jóvenes menores de 18, se aprovechan de las condiciones de su edad, es decir, pasan por la vida asaltando y matando a la gente por 500 soles o hasta menos, porque saben que solamente serán llevados a un reformatorio y luego nuevamente saldrán libres”.
Sin embargo, le preocupa aquellos que tienen algún impedimento mental. “Ese definitivamente sería un problema frente a las sanciones legales. El otro problema es el colapso de los centros penitenciarios, por lo tanto, se tendrían que construir cárceles nuevas, y eso demandaría de más dinero, por lo que a los peruanos nos subirían el impuesto para poder cubrir los gastos”.
Pero estos no son los únicos argumentos al polémico tema. La directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore señaló que “la detención de cualquier niño es una prueba del fracaso del sistema, pero ese fracaso tiene más consecuencias porque los sistemas de justicia destinados a proteger y apoyarlos suelen agravar su sufrimiento”.
