La acción constitucional de amparo es un recurso legal que permite a los ciudadanos proteger sus derechos constitucionales. Es decir, cualquier persona natural o jurídica que considere que sus derechos garantizados en la Carta Magna están siendo violados puede invocar esta herramienta.
En el caso del Mall Plaza de Trujillo, la empresa presentó una acción de amparo contra la Municipalidad de Trujillo después de que la comuna clausurara el centro comercial por 30 días.
En el caso del Mall Plaza de Trujillo, la empresa presentó una acción de amparo contra la Municipalidad de Trujillo después de que la comuna clausurara el centro comercial por 30 días.
El centro comercial considera que la decisión de la comuna, que dirige el alcalde Arturo Fernández Bazán, es “arbitraria” y “sin fundamentos legales”, por lo que busca que se levante el cierre.
Mall Plaza de Trujillo y el cierre
La clausura ocurrió días después de que un sujeto acabó con la vida de otro en el patio de comidas. Sin embargo, el cierre se debió a la mala gestión de los residuos sólidos y al riesgo eléctrico en el lugar.
“El cierre arbitrario del centro comercial por parte de la municipalidad ha perjudicado las actividades comerciales de más de 250 empresas y comercios adyacentes, dañando con ello la fuente de empleo de más de 7.500 trabajadores, que trabajan de manera directa o indirecta en el centro urbano, junto con dejar de prestar servicios y atender y responder a las necesidades de 1 500 000 personas al mes”, señala el Mall Plaza en una nota de prensa.
En resumen, el Mall Plaza considera que la decisión de la comuna trujillana viola el derecho al trabajo.
Los actos de los gobiernos regionales y locales son controlables mediante el proceso de amparo.
El exmagistrado del Tribunal Constitucional, César Landa Arroyo, el deber de respetar y preferir el principio jurídico de supremacía de la Constitución también alcanza a la administración pública.
“La administración pública se encuentra sometida, en primer lugar, a la Constitución de manera directa y, en segundo lugar, al principio de legalidad, de conformidad con el artículo 51 de la Constitución. De tal modo, la legitimidad de los actos administrativos no viene determinada por el respeto a la ley —más aún si esta puede ser inconstitucional— sino, antes bien, por su vinculación a la Constitución”, señala.
¿Qué es la acción de amparo?
La acción constitución de amparo es parte de las seis garantías constitucionales que considera el ordenamiento jurídico del Perú, frente a futuras violaciones a derechos de sus ciudadanos.
Las garantías constitucionales se encuentran consignadas en el artículo 200 de la Constitución Política y son: hábeas corpus, acción de amparo, hábeas data, acción de inconstitucionalidad, acción popular y acción de cumplimiento.
La acción constitución de amparo es parte de las seis garantías constitucionales que considera el ordenamiento jurídico del Perú, frente a futuras violaciones a derechos de sus ciudadanos.
“La acción de amparo procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución. Esta garantía aplica para todos los derechos distintos de la libertad individual”, explica Lorena Florindes Veliz.
Cómo se presenta
En Perú, la acción constitucional de amparo se presenta ante al Poder Judicial. La institución responsable de decidir una acción constitucional de amparo es un tribunal independiente e imparcial que tiene la autoridad para proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos.
El procedimiento comienza cuando un ciudadano presenta una solicitud de amparo ante el Poder Judicial. La solicitud debe incluir una descripción detallada de los hechos y las pruebas que respaldan la violación de los derechos constitucionales del ciudadano.
El Poder Judicial revisa la solicitud y decide si es admisible o no. Si se admite, se notifica a la autoridad responsable de la violación y le da la oportunidad de responder. Luego, el Poder Judicial celebra una audiencia y emite una sentencia.
Si se concede el amparo, la autoridad responsable debe tomar medidas para remediar la violación de los derechos constitucionales del ciudadano.
Miguel Juape señala que lo que se solicita al juez es el cese de amenaza cierta e inminente o la suspensión de la afectación del derecho constitucional vulnerado y que se retrotraiga las cosas hasta el estado anterior a la acción que afectó el derecho constitucional.
“Como consecuencia de estos pedidos, el juez puede anular el acto jurídico, administrativo, judicial o declararlo ineficaz, inoponible, eliminarlo del ordenamiento, es decir, es irrelevante cómo lo solicitemos, debe quedar claro para el Juez y las partes que lo que se busca es eliminar determinada amenaza o afectación al derecho constitucional”, explicó.
