Los descuartizaban en condiciones insalubres, su carne la almacenaban en el piso en los baños, en medio de ratas, cucarachas y otros insectos. Así operaba un camal clandestino que fue intervenido por la Policía Nacional, en Lima.
La Dirección de Seguridad del Estado, en coordinación con la División de Investigación de Delitos contra el Estado, desplegó un operativo inopinado en un local donde se beneficiaban caballos. La intervención se ejecutó en el jirón 197 del distrito de Ate Vitarte.
Los agentes comprobaron que el sacrificio de estos animales se efectuaba en condiciones de insalubridad, pues se hallaron restos de equino en el suelo con cucarachas encima y ratas de rondaban en los ambientes.
“La intervención ha sido inopinada en un camal clandestino donde descuartizaban caballos y su carne la hacían pasar como carne de res de buena calidad, sorprendían a los ciudadanos. Operaban en forma insalubre, repartían la carne a los mercados de los conos de Lima. Guardaban la carne hasta en los baños. Hemos encontrado insectos y roedores”, explicó el coronel César Díaz Jáuregui, jefe de la División de Delitos contra el Estado.
Abastecían a mercados de los conos de Lima
El oficial agregó que el local no tenía agua ni sistema de drenaje. La carne emanaba un olor putrefacto. Además, precisó que se intervino a siete trabajadores, dos de ellos de nacionalidad venezolana, que no tenían documentos ni carné de sanidad. Su labor era separar la carne según los cortes de res más solicitados en los mercados.
“En un pequeño espacio tenían separada la carne, la cortaban y colocaban en bolsas con la etiqueta de ‘carne de lomo’, ‘carne de cadera’, que eran distribuidos a los mercados de la capital, entre ellos el de Caquetá, que abastece al cono norte y también a los chifas”, afirmó Díaz Jáuregui.
Cincuenta caballos fueron sacrificados en este camal clandestino horas antes al operativo policial, ejecutado el último de semana.
“A la ciudadanía les pedimos que eviten comprar carne en lugares de dudosa procedencia. No se dejen sorprender por los costos. Su salud y la de su familia está en juego”, sostuvo el jefe de la División de Delitos contra el Estado.
